Lunes, 25 Mayo 2020

Los representantes del sector demostraron su descontento a la solicitud del Instituto de Ciencia Política sobre los procedimientos para obtener licencias ambientales.

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Fotos: UniAndes, U. Tadeo, archivo Brigitte Baptiste, archivo Alegría Fonseca, U. Nacional, BanRepCultural

“Considerar el argumento del ICP, según el cual los procedimientos para temas ambientales deben abreviarse porque frenan el desarrollo nos parece inconveniente. Creemos que estos procedimientos sobre licencias ambientales y consultas previas de las comunidades, para proteger sus territorios, fuentes de agua y conservación de ecosistemas, no frenan el desarrollo sino que, por el contrario, lo hacen posible, en los términos que hoy definen al desarrollo sostenible”, se lee de manera textual en la carta abierta enviada el martes 14 de abril por 23 reconocidos ambientalistas y académicos al presidente, Iván Duque.

Para los firmantes de la nueva misiva, la carta enviada el pasado 3 de abril, por el grupo de empresarios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP–, “sugiere aprovechar la crisis para debilitar los mecanismos existentes en la legislación y la institucionalidad colombiana, y vulnerar normas fundamentales de la constitución y la ley, especialmente el artículo 79 de nuestra Constitución Política”.

Agregaron qué tal artículo establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Igualmente, se lee en la carta abierta, que la Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural como principio constitucional (CP arts 7,8 y 80) y consagra derechos culturales y territoriales a los grupos étnicos, los cuales se verían afectados si se atienden las recomendaciones del ICP de limitar el derecho a la consulta previa, que ha sido reconocido por la Corte como un derecho constitucional fundamental en innumerables sentencias (Ver, por ejemplo: sentencia de Sala Plena SU-123 de 2018).

Destacaron que sobre los derechos de las minorías étnicas, "este es uno de los mayores logros alcanzados por Colombia en materia de protección de la diversidad cultural y de la diversidad biológica; siendo así reconocido internacionalmente, por lo cual no sería conveniente enviar una señal regresiva sobre tales materias".

“Al contrario de lo que proponen los empresarios del ICP, quienes parecen considerar el otorgamiento de licencias como un simple trámite, creemos que habría que fortalecer estos procedimientos actualizándolos a los enormes retos que hoy representan la crisis ambiental y climática, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia”, señalaron.

Así mismo, “habría que fortalecer también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que no solo efectúe una adecuada evaluación de los estudios de impacto ambiental sino para que, en los casos en que otorgue las licencias, les haga un adecuado seguimiento, asuntos que hoy presentan graves vacíos”, explicaron los representantes ambientalistas.

Para ellos, la flexibilización de las licencias ambientales y las consultas previas, por medio de un decreto legislativo, “sería además inconstitucional por falta de una conexidad clara y directa con las razones que llevaron a decretar el estado de emergencia, que es el requisito mínimo que deben cumplir las medidas adoptadas por decreto legislativo”.

Como últimos puntos, dijeron acompañar la decisión del Gobierno de suscribir, finalmente, el Acuerdo de Escazú, aún pendiente de aprobación por el Legislativo.

“Para ser coherentes con los principios del mismo habría que ampliar la participación ciudadana urbana y rural en relación con los procedimientos ambientales, y proteger mejor a los líderes sociales y ambientales”, subrayaron.

Por todo lo anterior, consideraron que “la crisis del COVID-19 representa una exigencia del planeta (y también una oportunidad) para incrementar y cumplir nuestros compromisos ambientales y climáticos, para lo cual es necesario fortalecer definitivamente la institucionalidad ambiental”.

La carta concluye con muestras de solidaridad ante la actual crisis y esperan someter a consideración del presidente Duque, propuestas derivadas en políticas públicas, gestión ambiental, gestión climática y gestión del riesgo de desastres, relacionadas con el periodo que vendrá.

Los firmantes de la carta son:

Alegría Fonseca, presidente de Fundación Alma; Brigitte L.G. Baptiste, rectora Universidad EAN; Carlos Fonseca Zárate, consultor ambiental; Carlos Santiago, ambientalista; Clara Solano, Directora Fundación Natura; Camilo Prieto, director Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano; Elsa Matilde Escobar, ambientalista; Ernesto Guhl, academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas; Gustavo Wilches-Chaux, consultor en gestión de riesgos; Gustavo Galvis Hernández, miembro Junta Directiva Fundación Natura; Hildebrando Vélez Galeano, ambientalista; Julio Carrizosa Umaña, academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas; Julio Fierro, profesor Universidad Nacional de Colombia; Juan Mayr, exministro de Ambiente; Juan Pablo Ruiz, columnista de opinión medio ambiente; Margarita Marino de Botero, ambientalista Comisión Brundtland; Margarita Pacheco, presidente Junta Directiva Fundación Natura; Manuel Rodríguez Becerra, presidente Foro Nacional Ambiental; Manuel Guzmán-Hennessey, Director General KLN América Latina; Rafael Vergara Navarro, abogado ambientalista; Rodrigo Negrete, abogado ambientalista; Rodrigo Uprimy, profesor Universidad Nacional de Colombia; Sandra Vilardy, profesora Universidad de los Andes.

La carta fue publicada también en la plataforma Change.org para que las personas que deseen respaldarla la firmen y tenga una mayor acogida.

Fue copiada igualmente a Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación y Ricardo Lozano Picón, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 Covid-19: En sus solicitudes empresarios pidieron al Presidente Duque agilizar trámites ambientales y sociales

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