Lunes, 19 Agosto 2019

Además del Ministerio de Ambiente y la industria automotriz, representantes de la Andi, Ecopetrol y el Congreso acordaron promover la movilidad eléctrica o de bajas emisiones.

alianzaandi

Foto: MinAmbiente

El compromiso entre las entidades privadas y públicas es para trabajar de manera coordinada y articulada, en la implementación de las leyes aprobadas recientemente que buscan la reducción de emisiones vehiculares y la promoción al uso de vehículos eléctricos, como pilares para el mejoramiento de la calidad del aire prioritariamente en centros urbanos.

Se trata de las dos leyes que fueron aprobadas recientemente en el Congreso sobre reducción de emisiones vehiculares y de promoción al uso de vehículos eléctricos. Entre las medidas que establecen se encuentra el mejoramiento de combustibles, la definición de límites de emisión más estrictos, el mejoramiento de mecanismos de seguimiento y control y la renovación de la flota vehicular contaminante.

“Hoy celebramos una ley pluralista, que nos une como país independientemente de nuestras posturas políticas. Los gremios se comprometen a apoyar la implementación de nuestra ley de reducción de emisiones contaminantes para que sea una realidad”, dijo Angélica Lozano, senadora de la oposición que participó del evento por ser autora del proyecto de reducción de emisiones.

Esa ley de emisiones busca el mejoramiento de los combustibles para exigir el cumplimiento de límites máximos de emisión más estrictos, en especial para las motocicletas y los vehículos que operen con combustible diésel.

Para el caso de motocicletas se establece que aquellas que ingresen o se fabriquen en el país a partir del 2021, deberán cumplir estándares de emisión Euro 3 o superior con lo que se logra reducir alrededor del 50% de las emisiones contaminantes. En el mismo sentido, todos los vehículos diésel que ingresen o se fabriquen en el país a partir de 2023 deben cumplir el estándar EURO VI o superior, medida que permite la reducción de las emisiones de partículas en un 96%, frente a las tecnologías Euro II que tradicionalmente circulan por el territorio nacional.

Dado lo anterior, el país deberá trabajar en la renovación efectiva del parque automotor, de tal manera que se propenda que al 2030 todas las motos que circulen en el país sean Euro 3 y en 2035 todos los vehículos con motor diésel sean Euro VI.

La ley también confiere un plazo no superior a 2 años, para que se reglamente el mecanismo de verificación del cumplimiento de emisiones contaminantes mediante prueba dinámica en el país, con lo que se proyecta un ascenso tecnológico en lo que se refiere a la evaluación de fuentes móviles.

Por su parte la ley de promoción al uso de vehículos eléctricos contempla beneficios como la reducción al impuesto de vehículos, la generación de descuentos en las tarifas de obtención del certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y en las primas de los seguros SOAT (10%), la habilitación de espacios de parqueo preferencial en parqueaderos públicos y comerciales, la implementación de tarifas diferenciadas de parqueo y exenciones tributarias por parte de autoridades territoriales, la exención de las medidas de restricción vehicular (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental, entre otras) y la renovación de los vehículos de servicio público y de los Sistemas de Transporte Masivo, siempre garantizando la infraestructura adecuada para la recarga de los vehículos, entre otros.

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