Es el primer departamento en tomar esta determinación. El proyecto de ley de prohibición que aplicaría a todo el país que cursa en el Congreso de la República, está a un debate de ser aprobado.
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Mediante un decreto, la Gobernación de Boyacá prohibió de manera inmediata la prohibición del uso del asbesto y sus productos derivados dentro de la formulación de proyectos, los documentos técnicos precontractuales y en la ejecución de los contratos de obras públicas con esta entidad.
En la firma del documento estuvo presente la familia de Ana Cecilia Niño, boyacense que falleció debido al cáncer ocasionado por esta fibra y quienes promueven una lucha constante por la prohibición de este material en Colombia.
Daniel Pineda, esposo de la fallecida Ana Cecilia Niño, afirmó: “Yo creo que es un paso histórico para el país. Es el primer departamento que le hace un llamado a la Cámara de Representantes y le está mostrando que sí se puede prohibir el asbesto. Que si es posible cerrarle la puerta definitivamente a la construcción con este elemento y a su uso. También es un mensaje para toda la población colombiana en cuanto a qué se puede eliminar y restringir su entrada al país”.
El documento en su artículo segundo contempla: “modificar la lista de precios unitarios referente para la contratación pública oficial de la Gobernación de Boyacá, eliminando todo material que contenga asbesto y/o productos derivados, en consecuencia, sustituirlos por materiales alternos no contaminantes.
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Por su parte el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo: “Prohibir el asbesto es una acción por la vida, por las futuras generaciones, por un mundo mejor y porque gobernamos para la gente, por Boyacá. Si este país fuera descentralizado y hubiera una verdadera autonomía en los territorios, hoy estaríamos firmando la prohibición total; pero como depende de una decisión nacional instamos al Congreso y al Gobierno nacional para que hagan lo propio para que se prohíba el uso de este elemento tan dañino y que genera tantas dificultades”
Con este Decreto se espera reducir, inicialmente, un 80% el uso de este material cancerígeno en obras públicas y así llegar a alcanzar el 100% cuando las Alcaldías y demás entidades tomen la misma medida en el departamento.
