Domingo, 26 Mayo 2019
Las conclusiones del estudio son un semáforo en amarillo. Aunque no le cierran la puerta, sí piden que se cumpla una serie de recomendaciones antes y durante los pilotos.
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El grupo interdisciplinario de especialistas independientes, convocado para analizar y ofrecer recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la técnica de fracturamiento hidráulico de yacimientos en Colombia, más conocida como Fracking, presentó en las últimas horas sus conclusiones sobre esa materia.

Las recomendaciones y conclusiones se dieron por consenso entre los miembros del grupo interdisciplinario de especialistas que estuvo conformada por 11 académicos colombianos y dos extranjeros, expertos en temas como geología, medio ambiente, hidrogeología, sismología, salud, regulación y política petrolera, ecosistemas, entre otras.

“Después del análisis y estudio, de escuchar las preocupaciones de las comunidades, de revisar la literatura y principales estudios de la materia, la recomendación central es que, en los proyectos pilotos integrales de investigación establecidos, el Gobierno debe cumplir con ciertas condiciones durante las etapas de exploración antes de decidir el tránsito a la explotación de yacimientos no convencionales con la técnica de fracturamiento hidráulico (Fracking)”, informó el comité.

El trabajo de la Comisión se adelantó solo en 'roca generadoras' y no en gas metano asociado al carbón ni otro tipo de yacimientos no convencionales.

Desde que salió el informe, diferentes medios y líderes de opinión han dicho que la comisión le dio vía completamente libre al fracking y que la actividad ya va a ser un hecho en Colombia. Pero el comunicado de los expertos muestra que en realidad resulta ser un proceso largo y con requisitos.

Las recomendaciones se dividen en tres etapas: la primera es antes de los pilotos en donde se pide que exista transparencia y acceso a la información, la identificación de la tecnología de mínimo impacto, manejo de riesgos de salud para pobladores, identificación de necesidades de capacidad institucional para seguimiento, capacitación de personal local y acuerdo sobre mecanismos de participación y veeduría ciudadana.

Una vez se cumplan todos estos requisitos y se inicien los pilotos, el comité pide que se complete la línea base de información ecosistémica, hidrogeológica y de sismicidad. También se exige que se gestione una licencia social a través de mecanismos de participación comunitaria y los mecanismos para definir las utilidades que serían transferidas a esas comunidades.

En este segundo capítulo llama la atención que en el informe advierte sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad. “Identificar las condiciones de fortalecimiento institucional requeridas para tener capacidad de seguimiento y control al nivel de las mejores prácticas internacionales (ANLA, ANH, SGC, IDEAM, CAR, INS, ICAN y todos como un sistema que funciones armónicamente)”.

Ya cumplido el piloto, las recomendaciones para pasar a una etapa de exploración comercial son: contar con licencia social, análisis de oferta y demanda de recursos naturales, tener la información biofísica suficiente para manejar los niveles de riesgo, haber ajustado la capacidad institucional y describir la tecnología y todos los químicos que se pretende utilizar.

En el momento en que se vaya iniciar la exploración, las autoridades deberán verificar que el operador tiene la capacidad para asumir responsabilidades, sanciones y compensaciones por impactos ambientales previstos.
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