Se trata de la resolución No.01978, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Crédito foto: US Fish and Wildlife Service / Flickr.comLa Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, publicó la Resolución No.01978 el pasado 2 de noviembre, en la cual afirma que, como estímulo a la investigación científica, no realizará ningún cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a los especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.
Anteriormente, cuando una institución hacía una solicitud a la ANLA de un permiso marco de recolecta, la autoridad les cobraba a las instituciones un dinero por la solicitud y uno por las actividades de seguimiento. Con esta resolución se modifica a la 0324 de 2015, que evidenció la necesidad de ajustar algunos aspectos. (Leer también: ANLA amplía cobros por expedición y seguimiento de licencias).
“Esto representa para el país un incentivo para la investigación. Esto quiere decir que no nos toca gastar dinero para poder hacer ese tipo de solicitudes a la ANLA y ese dinero lo podemos seguir invirtiendo en hacer más investigación”, dice Gonzalo Andrade, Director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y delegado para representar a esta institución en la gestión y fortalecimiento de las colecciones científicas, políticas en biodiversidad y medio ambiente.
Con la nueva normativa se ven beneficiadas todas las instituciones de investigación que están amparadas con un permiso marco de recolecta a diez años y las instituciones que tienen grupos de investigación reconocidos por Colciencias, con un programa de investigación y permiso para recolectar especímenes sobre la biodiversidad en el territorio colombiano, con excepción de áreas de comunidades étnicas.
De este tipo de investigaciones se genera toda la información de la línea base para el país, la que se utiliza para la declaración de especies o ecosistemas amenazados en Colombia y para la declaratoria o ampliación de nuevas áreas protegidas a nivel nacional o a nivel regional, entre otras informaciones. “Para que el mismo Estado tome decisiones en casos como el de delimitación de los páramos o cuando hay una afectación a un ecosistema por causa de un derrame de hidrocarburos. Los estudios permiten saber qué biodiversidad teníamos en esos lugares y cuál fue la afectada o se perdió, por ejemplo”, concluye Andrade.
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