Lunes, 23 Septiembre 2019
Entre ellos se encuentran el de pasivos ambientales, el que declara el agua como derecho fundamental, la protección de las abejas y la exigencia de licencia para exploración minera.
senado 20 jul                                                         Imagen de referencia, Senado de la República. / Foto: Colprensa

Este 20 de julio, en el marco de la posesión de los nuevos congresistas para el periodo legislativo 2018-2022, la nueva bancada del Partido Alianza Verde radicó 16 proyectos de ley que se enmarcan en el sector ambiental, social y de protección.

En materia ambiental, algunos proyectos no pudieron salir adelante en la legislatura pasada, bien sea por falta de trámite o por oposición abierta del Gobierno Santos. Aunque en esta oportunidad algunos de ellos se pueden ver frenados por inminentes fallos de la Corte Constitucional.

La cuarta puede ser la vencida. Ese sería el caso del articulado que declara el agua como derecho fundamental que se hundió tres veces, toda vez que para su aprobación es necesario que supere ocho debates por ser una reforma de orden constitucional. Hace dos años estuvo a punto de lograrse porque se aprobó en 7 debates pero el Gobierno manifestó sus reservas de que pudiera terminar en la obligación de prestar el servicio de agua potable de manera gratuita.

“El gobierno teme que al ser un derecho fundamental sea exigible pero no estamos hablando de ríos de oro, estamos hablando de agua en el tubo, agua de la llave”, dijo en su momento la representante, hoy senadora, Angélica Lozano.

Algo parecido ocurrió con el proyecto para la protección de abejas en Colombia, que como lo informó Catorce6, tuvo trámite en la legislatura anterior pero no alcanzó a ser aprobado. Ese articulado fue elaborado por el Colectivo Abejas Vivas y ahora será liderado como causa propia por el Partido de oposición.

La Alianza Verde también presentó una iniciativa de concertación minera que propone un diálogo entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional en la delimitación y declaración de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras, sin que esto signifique que se reviertan resultados, o se limiten, los mecanismos de participación popular previstos en la ley, como el caso de las consultas populares.

Este último punto podría hacer que el proyecto tenga que ser cambiado o no reciba el apoyo parlamentario suficiente pues la Corte Constitucional está a punto de fallar una ponencia en que la magistrada Cristina Pardo le da total autoridad al Gobierno Nacional sobre los recursos del subsuelo, impidiendo la realización de dichas consultas.

Por último, se busca cumplir con una promesa que el Gobierno Santos hizo hace 4 años y no cumplió: exigir licencia ambiental para los trabajos de exploración minera en todo el territorio nacional.

"(Hay) un proyecto de ley que estamos preparando para reformar el código minero y restablecer las licencias para explorar en minería", dijo en su momento la ministra Luz Helena Sarmiento en una entrevista con el diario El Tiempo en 2014 .

Eso finalmente no pasó y actualmente la ANLA todavía define la licencia ambiental como “indispensable para construcción, montaje y explotación, beneficio y transporte de la actividad minera. Esta se solicita una vez finalizadas las actividades de exploración”.

En el caso de los pasivos ambientales el proyecto establece posibles fuentes de financiacion para el saneamiento de los mismo. El pais tiene una serie de pasivos de decadas anteriores que siguen ocasionando daños ambientales.
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