Muchos matices se han tocado en medio de la discusión por la licencia de exploración de petróleo que otorgó el Gobierno en el bloque Serranía. Sin embargo se ha olvidado un asunto de fondo: la debilidad de la política ambiental.
La polémica ha crecido como la espuma alrededor de la licencia ambiental otorgada en los últimos días a la empresa Hupecol para desarrollar actividades de perforación exploratoria de petróleo en un área localizada entre los parques nacionales naturales Tinigua y La Macarena. La discusión ha tenido todos los componentes: por supuesto el ambiental, el social y el político.
Sin embargo, casi nadie ha hablado de la debilidad del proceso de licenciamiento ambiental en Colombia que da hasta para que el Presidente de la República anuncie por Twitter la decisión del Gobierno de suspender la licencia ambiental, luego de una enorme presión mediática y de la ciudadanía a través de redes sociales.
En este caso de La Macarena quedó en evidencia la falta de decisión de los diferentes gobiernos para establecer con claridad reglas del juego sólidas para la explotación de hidrocarburos y su posible impacto en los recursos naturales.
Desde hace 27 años, a través de dos decretos-leyes, el 1989 y el 1974, el Estado colombiano planteó la necesidad de que Cormacarena expidiera la reglamentación del “Área de Manejo Especial La Macarena, la reserva Sierra de La Macarena” y ordenase su territorio. En estos 27 años han abundado alegatos y debates jurídicos en los que la autoridad ambiental se ha enfrascado, al mismo tiempo que crecían los escándalos de corrupción. Solo hasta el pasado 13 de abril y a propósito del escándalo de la licencia a Hupecol, Cormacarena dió a conocer una resolución que aparece fechada el 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se adopta el Plan Integral de Manejo Ambiental de La Macarena.
Pero afirmar que estamos frente a un fenómeno mediático que oculta la debilidad del licenciamiento ambiental no nos aleja de la realidad. La misma empresa Hupecol afirmó en su comunicado del 14 de abril pasado que en el año 2009 desarrolló trabajos de adquisición sísmica en el área sin ningún tipo de objeción de Cormacarena, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente ni las comunidades. Ahora, siete años después y con una licencia expedida, la Corporación Regional se ha dedicado a salvar su responsabilidad dando a conocer pronunciamientos que más que criterios técnicos, responden a necesidades políticas.
Como si fuera poco, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, solo después del escándalo, expresó que no tenía conocimiento del proceso de licenciamiento que concluyó con la licencia de esta semana. Lo cierto es que por tratarse de una zona de amortiguación de dos parques nacionales naturales, Parques Nacionales debió estar presente en el estudio previo.
A pesar de todo esto, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, insiste en que no hay ningún tipo de improvisación y que la decisión se tomó porque el presidente Santos, según él, sabe escuchar a la comunidad. Pero otra cosa diferente parece cuando él mismo dijo que la Anla no había tenido en cuenta el concepto de la Corporación.
Javier Zamora, biólogo y profesor de ecosistemas marinos y costeros, considera que muchas de las dudas en el proceso de evaluación están en lo más íntimo de la misma Anla. Según le contó a Catorce6, en la Autoridad Nacional ahora condicionan una parte del salario de los evaluadores a la cantidad de conceptos que emitan en un tiempo determinado, lo cual genera presiones que podrían terminar en una falta de rigurosidad en los trabajos.
Lo grave es que cualquier error en la entrega de licencias ambientales puede terminar en millonarias demandas al Estado, como ya está ocurriendo en el caso de Santurbán después de que la Corte Constitucional prohibió de tajo cualquier proyecto en zona de páramo y frenó proyectos en desarrollo.
Sin duda, el caso de La Macarena ha demostrado el boquete gigante que hay en la normatividad de licenciamiento y que permite tomar decisiones coyunturales por encima de los conceptos técnico, y más si se tiene en cuenta que en el mismo municipio de La Macarena ya se había otorgado licencia para un proyecto similar llamado “Ombu”, cuyo ejecutante, Emerald Energy, terminó suspendido y posteriormente multado.
El proyecto de exploración está ubicado a 2,5 km del Parque Natural La Macarena.
/ Foto: Giovanny Pulido, Parques Nacionales
