Ya son ocho ríos afectados con mercurio en el departamento del Chocó, según informe reciente de la Defensoría del pueblo. La contaminación de afluentes se atribuye en su mayoría a la actividad minera legal e ilegal, quienes además desvían el cauce para la construcción de estructuras mineras, vulnerando los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas del occidente del país.

La Secretaria de Salud del Chocó precisó que 400 personas fueron atendidas entre los meses de enero y abril por síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada en los municipios de Atrato, Itsmina y Pizarro. No obstante, la defensoría también denuncia que esta zona carece de plantas de tratamientos residuales y vertederos de agentes químicos, que son arrojados directamente a las fuentes de agua y luego utilizadas para consumo humano.

El mercurio, que se emplea para la extracción de oro, se vierte directamente en los ríos y sistemas hídricos, sin importar que estas luego se destinen a satisfacer necesidades básicas como alimentación, lavado de ropa, aseo corporal y limpieza de utensilios. También, el sector pesquero reporta graves bajas en el consumo, como consecuencia de la gran cantidad de especies contaminadas.

Además de soportar el flagelo del desplazamiento, cientos de familias chocoanas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la fuerte contaminación ambiental. Jesús Quintero, profesor e investigador de la Universidad Nacional señala que el contacto directo con el mercurio produce daños severos en el organismo como inflamación de los pulmones, traumas cerebrales, gastroenteritis, diarrea, fiebre, aumento de la presión arterial, dermatitis, alteraciones del sistema reproductivo y problemas disfuncionales de aprendizaje.

En el mes de marzo, la Policía Nacional anunció la incautación de tres operaciones mineras ilegales en el Chocó y confirmó que grandes cantidades de mercurio y cianuro fueron encontrados almacenados en los ríos más cercanos, que suministran agua a varios municipios.

La Defensoría del Pueblo prende las alarmas para que la comunidad y autoridades estén prestas a denunciar cualquier actividad de extracción minera ilegal que atente contra los recursos naturales del país. Se pide también al gobierno crear plantas de tratamiento y vertederos en esta región, para lograr controlar y mitigar los impactos que cada vez van en aumento.