Jueves, 23 Noviembre 2017
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Este fallo afirma que no se tuvo en cuenta a la comunidad a la hora de delimitar el páramo, por ende se debe surtir el proceso para emitir una nueva resolución.

Durante muchos años las comunidades campesinas y mineras que se alojan en el páramo de Santurbán en Santader, vivían de manera tradicional, sin embargo, la llegada de varias multinacionales mineras marcó una generación de fuertes conflictos socio ambientales en este territorio.

El Gobierno Nacional, en la pasada ley del plan nacional de desarrollo 1450 de 2011, ordenó realizar una delimitación de todos los páramos de país a una escala más precisa, la cual, para diciembre del año 2014 por medio del ministerio de ambiente presentó una resolución bajo el número 2090, en la que bajo el pretexto de la “delimitación”, decidió avalar la continuidad de la minería en el páramo. De una parte permitió que la minería que contará con títulos y licencias desde antes del 09 febrero de 2010 se siguiera ejecutando hasta su terminación, y por otra parte, consintió que se puedan adelantar y autorizar incluso nuevas actividades mineras en las áreas de “restauración” dentro del páramo en los municipios de Vetas, Suratá y California.

Páramo Santurbán7                                                          Foto con crédito: www.aida-americas.org

Hoy, la corte constitucional emitió una sentencia donde advierte que la resolución que delimitó el páramo no es válida, porque “Ministerio de Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad (…) la ciudadanía no tuvo un escenario donde pudiera debatir en torno a la regulación y lograr un consenso razonado” es decir, la población que habita dicho páramo no fue tenida en cuenta cuando este fue delimitado.

El alto tribunal igualmente ordenó iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del páramo de Santurbán por medio del Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de Minas.

La Corte Constitucional dio como plazo un año para consultar a la población y emitir una nueva resolución, la gran expectativa de miles de habitantes es si algunos títulos mineros podrían quedar en duda.


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