Se conoció que en las últimas horas, la empresa china HKND adquirió más de 263 kilómetros cuadrados de tierras indígenas por donde pasaría la megaobra que tendría graves repercusiones en el medio ambiente.
Desde finales de 2012, el Gobierno de Nicaragua reconoció implícitamente la importancia de ganar los litigios marítimos con Colombia y Costa Rica para poder desarrollar su megaproyecto de construir un canal interoceánico. En ese entonces, el propio agente del país centroamericano ante la CIJ acusó al Gobierno Nacional de “querer “adueñarse” de cualquier posibilidad de un canal interoceánico nicaragüense de gran calado”.
Lo anterior supondría que el proyecto podría verse retrasado ante el desacato de Colombia de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para estudiar los dos pleitos que adelanta con Nicaragua. Sin embargo, el Gobierno de Daniel Ortega continúa con sus planes de poner a funcionar el canal a 2019 y lo hace a todo vapor.
En las últimas horas, el diario El País de España reveló que representantes de la Comisión Nacional del Gran Canal y de las etnias Rama y Creole firmaron un “acuerdo de arrendamiento” por 100 años, con el que ceden indefinidamente más de 263 kilómetros cuadros de tierras para la empresa china HKND, propiedad del empresario de las telecomunicaciones Wang Jing.
Esto evidencia, además del profundo interés del Gobierno de Nicaragua de acelerar el proyecto, una profunda división al interior de las etnias, pues la mayoría de sus integrantes se opusieron al acuerdo firmado por sus líderes y denunciaron al diario español “jugosos viáticos y pasajes de avión” para suscribir el documento.
Además de los impactos y conflictos sociales, el proyecto podría tener impactos ambientales, no solo sobre la reserva marina Sea Flower, sino sobre múltiples recursos hídricos dentro del propio Nicaragua (Vea también: Fallo de La Haya aumenta riesgos ambientales en reserva de San Andrés).
“La ruta más probable atravesará el lago de Nicaragua, que es la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica, así que el canal implica atravesar 300 km desde el Pacífico hasta el Caribe, e irá por el lago aproximadamente 90 kilómetros”, denunció internacionalmente Jorge Pérez-Huete, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, quien además advirtió sobre fuertes impactos en las selvas y humedales cercanos.
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses siguen adelante en su empeño de sacar adelante el proyecto, justificando que ya se han socializado los posibles impactos ambientales y la necesidad de obtener los recursos económicos para “acabar con la pobreza” (Lea: Fallo perverso: biodiversidad del Caribe amenazada).
