Viernes, 10 Julio 2020
A pesar de la posibilidad de racionamiento a comienzos de año, el Gobierno no ha completado la regulación que permita masificar las energías alternativas. Inversionistas están en incertidumbre.
 
Hace dos años y dos meses el Congreso de la República aprobó la Ley 1715 con la cual se busca promover la inversión y el uso de fuentes alternativas de producción de energía. Desde ese momento, cuando la sancionó el Presidente de la República, era necesario reglamentar la normativa para hacer realidad los beneficios de la ley.
 
Sin embargo, el Gobierno va a medio camino en esa tarea. Sólo hasta el pasado 29 de marzo, la entonces ministra de Presidencia, María Lorena Gutiérrez, anunció que comenzarían a trabajar en la regulación, es decir más de 20 meses después de aprobada la ley y sólo cuando se superó una amenaza grande de racionamiento energético.
 
“Me parece increíble que sólo hasta ahora se vaya a reglamentar la ley cuando estuvimos en riesgo de racionamientos”, asegura el senador José David Name, autor de la ley.
 
Catorce6 habló con la Cámara Colombiana de Energía (CCEnergía), que agremia a empresas tan importantes del sector como General Electric, ABB e Intelec, entre otras. Aseguran que desde el alto Gobierno se han dado los primeros pasos para regular el negocio pero que ha sido un proceso muy demorado.
 
“La implementación está a medio camino: no puede haber una masificación del servicio de energía de fuentes renovables, sólo quedó para grandes empresas que asuman un proceso engorroso de varios meses”, aseguró Andrés Taboada, presidente ejecutivo de CCEnergía.
 
 
 
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Foto tomada de Tecnigreen.co
 
 
El gremio sostiene que hay dos vacíos grandes que tienen la tarea: el primero es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- no ha expedido la normatividad para la entrega de licencias que permita a los inversionistas acceder a los beneficios tributarios que contempla la ley y el segundo tiene que ver con la demora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- para establecer qué tipo de contrato se hace con las empresas productoras porque no se puede desarrollar con base en el cuestionado cobro por confiabilidad.
 
Al respecto, Felipe Morales, director de proyectos de Tecnigreen, empresa colombiana de soluciones energéticas, asegura que van a tener que recurrir a tutelas porque “para acceder a los incentivos de exclusión de IVA y de arancel ya está definido ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y lo que sabemos es que hasta ahí se puede llegar porque después se debe registrar ante la ANLA y allá no hay reglamentación”.
La situación ha generado que los inversionistas se queden con la chequera lista para invertir en la industria, pero sin las garantías jurídicas y financieras que les permitan dar el paso. “Todos los inversionistas lo que quieren son contratos de largo plazo o sino no ponen su dinero en un sector que pueda cambiarles las reglas del juego”, alega Taboada.
 
Por ahora la implementación de las energías alternativas en el país sólo llega hasta los permisos para que empresas puedan autoabastecerse por estos medios, como el caso de la empresa Synkrom Solar S.A.S., que adelanta una solución fotovoltaica de 111 kilovatios para una bodega industrial en el Valle del Cauca, pero no para comercializarla aún a gran escala.
 
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