El Proyecto de Ley 177 de 2015 pretende prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal en el territorio colombiano. Para los expertos, la iniciativa se quedó corta.

Desde hace varios años, la pesca ilegal y su incidencia en la sostenibilidad inquieta a la comunidad nacional e internacional por representar una amenaza para la seguridad alimentaria, los recursos pesqueros existentes en los mares y la economía global. Con este proyecto de ley y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Gobierno asegura que busca combatir este flagelo y redefinir un nuevo marco normativo para la actividad pesquera.

Los tres puntos principales de la propuesta son: la definición, basada en la doctrina internacional de la pesca ilegal; el diseño de un procedimiento especial para aquellos pescadores que cometen delitos, y un cambio relacionado al término de 36 horas para poner a disposición de un juez de control de garantías la tripulación infractora. Esta nueva ley logrará que el plazo sea contado desde que se arribe a puerto.

Sin embargo, expertos nacionales consideran que aún se deben crear mecanismos que regulen la explotación de especies tradicionales, favorezcan la pesca artesanal y fomenten la industria. Según José Igor Hleap, doctor en Ingeniería de Alimentos, es importante tener en cuenta que aproximadament 1,5 millones de colombianos derivan su sustento de la actividad pesquera en forma directa o indirecta con condiciones de vida inequitativas, por eso es imperativo que la legislación facilite el acceso en condiciones favorables y defina los métodos de captura de peces, fortalezca la capacidad instalada para el manejo poscaptura y regule la explotación de las especies tradicionales, ya sobreexplotadas.

Actualmente, con la acuicultura se han generado enormes pérdidas por sobreproducción en algunas represas, causando grandes problemas ambientales y enormes pérdidas materiales. Igualmente, para asegurar un producto higiénico y nutritivo adecuado para su exportación, se hace prioritario una red de acopio con disponibilidad de frío adecuado, que garantice el manejo óptimo de este insumo alimenticio sustentado por las normas ISO, además de la creación de empresas de procesamiento con altos niveles de industrialización que ofrezcan productos de valor agregado, ya que según Hleap, de acuerdo a una investigación de la Universidad Nacional, entre el 40 y el 50 por ciento de los recursos de origen hidrobiológico son desaprovechados en el país.

Justamente el año pasado, Alasdair Harris, director general de Blue Ventures, una ONG que concilia la conservación de especies con la pesca comercial, explicó que el éxito de la prohibición de pesca está en brindar soluciones para ambos bandos. Los pescadores no apoyan la protección medioambiental y la ven como una amenaza porque al tratarse de hacer cumplir las normas, se está privando a la población de ganarse su sustento. Por eso, indica Harris, que el objetivo es preservar el hábitat de los peces, pero permitiendo al mismo tiempo la supervivencia de las comunidades costeras. Este es el ejemplo que debe perseguir ley establecida en el congreso colombiano.

La tilapia y la mojarra roja son las especies que más se explotan y consumen a través de la acuicultura,
por lo que se estima que esta actividad aumente en algunas regiones de Colombia. / Imagen tomada de Telemetro.com