Redacción Catorce6
En un fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el pasado lunes 19 de noviembre, fueron otorgadas a Nicaragua 200 millas náuticas (370 Kilómetros)de territorio marítimo que antes eran soberanía de Colombia, aunque el tribunal internacional reconoció la soberanía de nuestro país sobre los cayos de Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador y Serranilla.
CONSECUENCIAS AMBIENTALES
La directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, Opal Bent Zapata expresó su inconformismo por la decisión del fallo emitido el lunes por la Corte Internacional de la Haya sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia, ya que se ha reducido en un 54 por ciento aproximadamente el área de la Reserva de Biosfera Seaflower y el Área Marina Protegida (AMP).
El título de reserva Seaflower fue otorgado por la Unesco, en el año 2000, a los cerca de 350.000 kilómetros de lo que hasta el lunes se consideraba territorio marítimo colombiano en el occidente caribeño.
La directora de Coralina aseguró “Desde el punto de vista ambiental, el AMP contiene atributos ecológicos de gran importancia, además de los recursos hidrobiológicos y pesqueros de relevancia ecológica y comercial. Desde el ámbito de la administración de Coralina, el área de jurisdicción se disminuye sustancialmente, lo que afecta todo el proceso de planificación que ha desarrollado e implementando la Corporación desde el año 2000 hasta la fecha”.
Según Silvia Mantilla, experta en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad Nacional (UN) en el Caribe, “habrá que esperar el pronunciamiento de la ONU para determinar cómo sería la administración de la Reserva de Biósfera: si Colombia seguirá liderando la conservación de este espacio o habría una administración conjunta”.
La mayor preocupación de los isleños y ambientalistas es la posibilidad de que el país centroamericano inicie una explotación petrolera, poniendo en riesgo este valioso ecosistema, debido a que La Universidad Nacional de Colombia, a mediados del año pasado, advirtió sobre el interés de tres compañías petroleras para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos. En ese momento una acción popular de Coralina hizo suspender la firma de adjudicación del contrato.
Elizabeth Taylor, directora de Asuntos Marinos y Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y exdirectora de Coralina aseguró “Esta situación ya la debió de contemplar el grupo de asesores del Gobierno colombiano, por lo que seguramente se tendrán que entablar diálogos para preservar uno de los espacios de vida marina más significativos de todo el Caribe”.
CONSECUENCIAS LABORALES
El sustento de más de 1.120 pescadores artesanales, las exportaciones de unas 150 toneladas de langosta anuales, y más de 800 empleos que genera la única procesadora industrial de frutos del mar que opera en San Andrés, Antillana S.A, quedaron en alto riesgo de desaparecer luego de conocerse el fallo de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua.
“la zona en mención es el principal banco pesquero de la isla y de allí se saca el sustento de la mayoría de los pescadores artesanales, y es un generador de empleo para los raizales y su seguridad alimentaria”. Aseguró la secretaría de Agricultura y Pesca de la isla, Marcela Sjogreen Velasco en entrevista al diario El Colombiano.
El historiador sanandresano Ken Francis le había explicado hace poco a la Radio Nacional que esa área entregada a Nicaragua es conocida como “la esquina de la Luna Verde”, de donde se extrae el 70 por ciento de la pesca de la isla.
Por su parte el presidente de Nicaragua Daniel Ortega expresó que «sus hermanos sanandresanos» podrán desplazarse sin problemas por las aguas nicaragüenses.
