Mientras el Tayrona recupera predios, la procuraduría pide que no se otorguen licencias en estas reservas naturales.

Divididas en cuatro predios que eran propiedad de personas particulares, el Parque Tayrona recuperó 100 hectáreas, las cuales, aparte de no cumplir los requerimientos necesarios, estaban desarrollando actividades comerciales en la zona. Dos de ellos explotaban el territorio en turismo y los otros estaban siendo utilizados en cultivos de pancoger.

Según lo indicó el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, "Estos cuatro predios, ocupados de manera ilegal por particulares tendrán matricula inmobiliaria a nombre de Parques Nacionales Naturales". Esto permitirá que puedan estar sujetos a la normatividad ambiental que rige en la zona por ser de reserva.

La más contenta con la decisión de la superintendencia fue la directora general de Parques Nacionales, Julia Miranda quien reconoció que estas primeras acciones significan el comienzo de la recuperación del patrimonio natural y cultural que significa para Colombia este centro de biodiversidad.

Luego de este logro y de que el Incoder anunciara un trabajo constante por recuperar muchos otros terrenos, la Procuraduría presentó una demanda de constitucionalidad contra el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, por la cual se le entrega facultad al Ministerio de Medio Ambiente  para otorgar licencias ambientales en sectores establecidos como Parques Naturales.

De acuerdo con el Ministerio Público, es una contradicción que se apruebe la realización de obras con significativo impacto ambiental dentro de los parques, con la única exigencia de que se emita una autorización de la cartera ambiental.

En el concepto enviado a la Corte Constitucional, también se cuestiona la función y competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual asumió la responsabilidad de entregar dichos permisos desde 2011 cuando fue creada.

Esta demanda de la Procuraduría, deja abierta la discusión sobre el principio de precaución que se está aplicando en los Parques Naturales Nacionales y se suma a la función de advertencia que fue enviada la semana pasada por parte de la Contraloría a la directora de la ANLA  y al ministro de medio ambiente por el manejo que se la da al otorgamiento de licencias en el país.