La suspensión de aspersiones de glifosato se hará efectiva una vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revoque el permiso del Plan de Manejo Ambiental. Según la codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Astrid Puentes, “con todos los informes que han salido desde hace años, no solo con la declaración de la OMS, la ANLA ya tiene suficiente información para decir ‘hoy se revoca’”.
En un plazo de un mes, el mismo organismo deberá formular los cambios a la política antinarcóticos a raíz de esta decisión. Si el glifosato se saca del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig), “sin líos jurídicos —dice Puentes— ya no es el Pecig. Entonces, lo que debe hacer la ANLA es anular el Plan de Manejo Ambiental, porque ya por sustracción de materia si no hay glifosato no hay plan, y empezar un proceso desde el punto cero para hacer una evaluación de impacto ambiental con lo que sea que vayan a hacer”.
Y es que estas fumigaciones no siguieron el proceso de cualquier licencia ambiental, es decir, un estudio previo de los impactos al ecosistema y a la biodiversidad. Antes de 1999, los planes de manejo ambiental permitían verificar si las actividades se estaban haciendo bien, hasta que se crearon las licencias ambientales, una evaluación mucho más rigurosa. “Lo que hizo el Gobierno fue decir que las actividades posteriores al año 1999, es decir, las fumigaciones con glifosato, eran las mismas que ya se estaban haciendo”, asegura la funcionaria de AIDA.
Beneficios ambientales de suspender las aspersiones
La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes implica que los bosques, las zonas aledañas a los cultivos y el mismo suelo donde están los cultivos de coca y amapola van a dejar de recibir toda la mezcla de glifosato que se estaba recibiendo en cada fumigación. Uno de los impactos grandes es que se evitará el efecto deriva, que es cuando el viento se lleva lo que está cayendo hacia sitios que no son el punto objetivo.
Según el informe Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia, entregado este mes por la Comisión Asesora para la Política de Drogas, “ante la presión de la aspersión y la erradicación manual forzosa, los cultivos ilícitos han ido migrando hacia los parques nacionales naturales, los resguardos indígenas y hacia territorios colectivos de comunidades negras, en donde la acción del Estado debe enfrentar limitaciones legales o internacionales. Esos territorios se han vuelto ‘santuarios’, donde los cultivos ilícitos encuentran mayor protección frente a la acción del Estado, pero donde los daños ambientales, la conflictividad internacional y la afectación a comunidades vulnerables es mucho mayor”.
Asimismo, Alberto Gómez Mejía, director del Jardín Botánico del Quindío y experto en control biológico de plagas, advierte que el uso del herbicida ha devastado la selva, pues no se destruyen los cultivos y sí se da pie a seguir deforestando para sembrar la planta para uso ilícito. Esto pone en riesgo a las comunidades de especies endémicas (que viven únicamente en ciertas áreas), como las cuatro especies de magnolias que solo crecen en el sur del país (Colombia es el segundo país en diversidad de magnolias, con 37 especies, después de China, con 45) y que están en peligro de extinción, entre otros factores, debido a la deforestación.
De otra parte, para 2005 la Defensoría del Pueblo ya tenía más de 10.000 quejas de afectación de plantaciones de pancoger y de otro tipo de cultivos, e incluso de reservorios de agua como ríos, lagunitas, piscinas de cultivo, etc. De todas esas, en 2007 apenas se habían investigado e indemnizado 2, porque cuando la gente iba a quejarse debía tomar un transporte demorado para llegar hasta el casco urbano más cercano donde pudiera poner la queja y dar las coordenadas exactas del lugar donde se habían destruido los cultivos o había afectación a recursos ambientales. “Si yo que tengo GPS y no tengo idea de cómo buscar una coordenada, mucho menos un campesino. Eso hizo que la mayoría de estas quejas ni siquiera llegaran a investigación”, comenta la codirectora de AIDA.
Las quejas que más o menos pasaron las pruebas de las coordenadas, de la hora y la fecha exacta de las fumigaciones, debían ser visitadas por la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica), que tenía que verificar si realmente había afectación. Muchas veces no había Umata, no había personal, no había presupuesto, etc., y pasaban meses. En el momento de la visita, los impactos ya no eran visibles. “Este es un procedimiento que varias organizaciones criticamos por ineficiente, primero que todo, porque el personal que recibe las quejas hace parte de las mismas autoridades que fumigan, luego ahí hay un problema de conflicto de intereses y de juez y parte, y segundo por toda esta burocracia”, advierte Puentes.
Igualmente, el Comité de Integración del Macizo (CIMA) tiene un informe con más de 35.000 demandas por daños sociales y económicos solo en el departamento del Cauca. El exministro de Salud Camilo González Pozo, actual presidente de Indepaz, asegura que en este departamento los campesinos han denunciado que las aspersiones no se hacen sobre las plantaciones de coca, sino sobre los cultivos de cacao, lo que les ha generado grandes pérdidas económicas y nadie les ha respondido. “Hay que reconocer que en el fondo hay un problema de crisis agraria. Lo que hay que pensar ahora es en un replanteamiento en el modelo de hacer agricultura”, indica.
De la nueva política de Estado a largo plazo dependerá el control y la erradicación, incluso en los Parques Naturales. “Hay zonas en las que esperamos que se erradiquen los cultivos y se deje crecer el bosque. Los Parques Nacionales no deberían tener ningún tipo de plantaciones, pero sí hay otras zonas que se pueden destinar a cultivos de pancoger, por ejemplo, dependiendo de las necesidades de las comunidades”, explica Astrid Puentes.
Con las aspersiones, hay plantas que reciben poca sustancia y pueden hacerse inmunes, asegura Alberto Gómez, experto en control biológico de plagas. / Foto: Pulzo.com
Ineficiencia de las fumigaciones
Además de los efectos sobre la salud de las personas, varios expertos habían señalado que las fumigaciones no estaban teniendo ninguna acción positiva frente a la erradicación de cultivos para uso ilícito. Desde 1994 se habían fumigado 2 millones de hectáreas en el territorio nacional, aunque antes también se habían hecho algunas aspersiones, cuando empezó la persecución a la marihuana.
“Si se mira el récord de la fumigación en los últimos 20 años, el resultado ha sido ineficiente: por cada hectárea de coca que se ha reducido, se han tenido que fumigar casi 17 hectáreas. Solo en el 2002 se alcanzó a erradicar buena parte de los cultivos ilícitos en Putumayo, llegando a 100.000 hectáreas en esa zona, pero como son regiones donde no hay presencia del Estado y por ende no hay seguridad sanitaria ni alimentaria, las personas se adaptaron y encontraron otras maneras de cultivar y cuidar los cultivos”, aseguró Adam Isacson, investigador experto en relaciones entre Colombia y Estados Unidos y quien trabaja con la Oficina en Washington para América Latina, en el panel No Fumigación realizado el pasado 13 de mayo.
Esos cuidados ya tienen varias técnicas, explica el Director del Jardín Botánico del Quindío: “El efecto del glifosato es que defolia la planta (destruye las hojas), lo que hacen los cultivadores, entonces, es cosechar la coca apenas pasa el avión de aspersión. Así, los árboles quedan sin hojas, después cortan el tallo y lo dejan de 15 centímetros. Gracias al glifosato, el terreno queda limpio, listo para que la planta crezca, porque no se muere al no tener el efecto sobre las hojas. A los tres meses, usted tiene una plantación divina”.
De otra parte, “como el avión solo pasa una vez, pues puede ser baleado si pasa de nuevo —dice Gómez Mejía—, hay plantas que reciben muy poca sustancia y pueden hacerse inmunes, ya que si usted le da una dosis mínima que no mata a la planta, las siguientes generaciones van a volverse cada vez más resistentes”, advierte.
¿Qué hará el Gobierno para erradicar los cultivos de uso ilícito?
El informe de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia dice que “la política de drogas debe ser particularmente cuidadosa respecto a sus impactos sobre las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y tradicionalmente discriminadas, como los mujeres, los grupos étnicos (pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) y las personas en situación socioeconómica precaria. Además, debe ser la evidencia científica, y no la ideología, la que guíe el diseño y la formulación de las políticas de drogas”.
Ante esto, Astrid Puentes es enfática en que la decisión que tome el Gobierno debe tener en cuenta, antes que nada, el principio de precaución, un derecho ambiental internacional surgido primero en Alemania y acogido en todo el mundo desde Río+92, que fue declarado en Colombia en 1993 para determinar que las autoridades deben tomar medidas para prevenir y revertir cualquier daño a la salud o al ambiente, a pesar de que no haya certeza científica absoluta de dichos daños.
“Este es un Estado que se relaciona desde el aire con su población y necesitamos que esté presente en el territorio, de una manera no solo militar, sino también con iniciativas de desarrollo, con institucionalidad, con capacidad de acompañar a esas comunidades, para encontrar alternativas legales, sostenibles y que se incorporen al país”, dijo en el panel No Fumigación la académica y columnista de El Tiempo Socorro Ramírez.
En su intervención, aseguró que el Estado no solo tiene que evaluar si una sustancia es tóxica o no, sino además reparar los daños causados por la política de la guerra contra las drogas que hasta ahora ha sido ineficiente.
AIDA propuso en el 2006 implementar acciones de desarrollo alternativo, que consisten en un acompañamiento a las comunidades con procesos participativos donde el Estado escuche a la gente. “De hecho, desde 2003, la Corte Constitucional le dijo al Gobierno que tiene que consultar previamente con las comunidades indígenas y tribales antes de fumigar sus territorios y de nuevo lo dijo en el 2014 en un Auto que habla precisamente sobre afectaciones a comunidades afrodescendientes e indígenas, y eso no se hace”, advierte Puentes.
Los que defienden la fumigación dicen que erradicar manualmente y llevar proyectos sociales a estas zonas es muy peligroso en medio del conflicto, pero además, el Gobierno de Estados Unidos cree que el Estado colombiano no tiene ni la voluntad política ni los recursos para hacer presencia física en esas zonas, explicó Adam Isacson: “EE. UU. invirtió en el plan Consolidación y este cayó, tal vez por eso el país norteamericano desconfía de Colombia y solo quieren fumigar. Es tarea de Colombia demostrar que sí van a gobernar y que sí van a llegar a esos territorios”.
En la actualidad, Estados Unidos solo financia la tercera parte del programa, poniendo el gasto en el presupuesto nacional de Colombia. Sin embargo, “aunque Estados Unidos acepte la decisión tomada por el Gobierno colombiano, en caso de que aumenten las hectáreas de producción de coca, el Gobierno norteamericano va a golpear duro para restablecer el programa de fumigación con glifosato”, aseguró.
Lo que sea que se vaya a usar para la erradicación forzada debería cumplir con las normas ambientales, que en este caso requerirían un estudio de impacto ambiental. “El Gobierno podría hacer todo esto sin tanto escándalo —asegura Astrid Puentes—, sobre todo para que no haya lugar a lo que se ha dicho de que se le va a entregar el país a las Farc. Porque esto no puede ser un tema político. Simplemente la ANLA, que es una autoridad técnica ambiental, tiene que decidir”.
Dos días después de la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, ni la ANLA ni el Ministerio de Ambiente se han pronunciado para dar una fecha exacta sobre la suspensión real de las aspersiones. Catorce6 intentó hablar con el ministro Gabriel Vallejo, pero este ha sido claro en manifestar que no hablará respecto al tema, pues es una decisión que ha tomado la Presidencia.
