En Colombia se ha disparado la construcción de hidroeléctricas, en respuesta al crecimiento progresivo de la demanda de energía en el mundo. Esto ocurre también en buena parte del continente, y eso significa que se está buscando satisfacer principalmente los requerimientos externos y al tiempo allegar divisas mediante los negocios energéticos.

Estos son los argumentos de quienes apoyan estas obras, en cuanto –señalan ellos– significan mayores recursos para el país y promueven el desarrollo. Pero al tiempo con eso, son cada vez más numerosas las poblaciones que reciben todos los impactos negativos de estas obras; se trata de un creciente número de personas afectadas por las represas. Es decir, los criterios del desarrollo económico y del progreso se contraponen al bienestar y la protección de los territorios.

Algunos casos emblemáticos de los impactos de las hidroeléctricas en los territorios son el de Urrá, que tiene ya más de 30 años en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Allí se anegaron alrededor de 7 mil hectáreas de selvas húmedas tropicales, desplazando población Embera-Katío, que hoy anda por todas las ciudades del país. En el caso de la hidroeléctrica de Anchicayá (Valle del Cauca), la Empresa EPSA en el año 2001, luego de décadas de operación de la hidroeléctrica, soltó 500.000 metros cúbicos de lodo acumulado en el fondo de la represa, causando la contaminación de las aguas y la muerte de la pesca del río, afectando gravemente la seguridad alimentaria de tres mil personas. Aunque un tribunal ordenó a la empresa EPSA –dueña y operadora del proyecto– a pagar 167 mil millones de pesos a los afectados, un fallo reciente de la Corte Constitucional inhabilitó parte de este proceso, suspendiendo temporalmente el pago de la compensación a los afectados.

En la actualidad, se están observando también impactos en Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango, donde los grupos sociales más vulnerables han sido discriminados y en algunos casos excluidos al no ser considerados como afectados de las obras.

No obstante, las cosas han venido cambiando en los últimos meses. La fuerte persistencia de las poblaciones de afectados organizadas en torno al Movimiento Ríos Vivos ha logrado posicionar la temática, y ha puesto a actuar a algunas autoridades. Asoquimbo, organización de los afectados por el Quimbo, con perseverancia y compromiso ha logrado desnudar la forma arbitraria en que la empresa realizó los censos para desconocer a gran parte de los afectados, como lo reconoció la Contraloría General de la República, que abrió investigación al Ministerio de Ambiente por el trámite irregular de la licencia ambiental y a la Empresa Emgesa por detrimento patrimonial. En Antioquia, los afectados de Ituango lograron sentar en una mesa a EPM y a la Gobernación para discutir los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por la obra, a partir de información que hasta el momento los afectados y afectadas no tienen.

Los afectados por las represas están logrando hacer visibles sus discursos, y eso es un primer paso para detener el avance de un modelo extractivista que amenaza con destruir nuestra riqueza natural para ponerla al servicio del capital.