M. Gonzalo Andrade
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia; Miembro de Número Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
La minería por definición significa extracción de recursos naturales no renovables, y esto por ende no va de la mano con la minería sostenible. Colombia en 1958 declaró 65´280.321 millones de hectáreas de Reservas Forestales de Ley 2. A la fecha, al país se le han sustraído por decisión del Ministerio de Ambiente 13´908.007 millones de hectáreas, quedando 51´372.314; estas tierras coinciden totalmente con los 11 millones de hectáreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Toda la región del Pacífico y el Amazonas colombiano se encuentra dentro de esta zona de reserva.
En la pasada cumbre de Río+20 el presidente Juan Manuel Santos contó al mundo entero que Colombia declara 17,6 millones de hectáreas como reserva para minería, localizadas en Amazonas, Vaupés, Guainía y parte del Chocó, lo cual implica que sobre esas zonas de reserva ya no puede cualquier persona llegar a reclamar un título minero, permitiéndole al Gobierno tener control sobre dichas zonas y lograr que no se irrespete el medio ambiente.
Sin embargo, para poder declararlas deberán sustraerlas de las 51 millones que nos quedan, es decir, tendremos tan solo 33 millones de hectáreas en zonas como el Chocó, en donde aún no conocemos exactamente cuáles son nuestras riquezas de biodiversidad, cuántas especies o ecosistemas tenemos amenazados; o en la Amazonia, en donde tenemos por lo menos 38 clases de coberturas vegetales. En el 2007 se señalaba que en estas zonas se mantenía el 85% de los bosques; no obstante, entre 2002 y 2007 se perdieron cerca de 7.000 km2 de bosques (es decir, 1.465 km2 por año), y las cifras para el resto de Colombia no son alentadoras: entre 1900 y 1962 la deforestación llegó a 6 millones de hectáreas y entre 1963 y 1998 a 11,5 millones. Esto significa que la pérdida de cobertura boscosa es del 36%, lo que se traduce en una tasa de deforestación anual de 598.000 hectáreas. Contra este agotamiento de los bosques naturales en Colombia el Gobierno no está haciendo nada, más bien quieren hacernos creer que con declarar 17,6 millones de hectáreas para la minería se está solucionando un problema ambiental, sin notar que lo está es incrementando, puesto que no es posible tener una minería acorde con el desarrollo sostenible. La minería por definición significa extracción de recursos naturales no renovables, y esto por ende no va de la mano con la minería sostenible.
En Colombia para desarrollar proyectos de investigación sobre la biodiversidad, los investigadores necesitamos tener un permiso de investigación científica, según el Decreto 309 de 2000. En caso de que la investigación requiera análisis genético, se hace necesario obtener un contrato de acceso a recursos genéticos (CARG), conforme a la Decisión Andina 391 de 1996. Entre 1997 y 2011 el Ministerio de Ambiente ha otorgado únicamente 46 CARG. Un análisis de la Universidad Nacional de Colombia en el que se revisaron todos los grupos colombianos categorizados ante Colciencias y que hacen investigación, muestra que 565 proyectos de investigación necesitarían tener un permiso y un contrato de acceso, y no los tienen simplemente porque el Ministerio se demora en promedio 3,5 años en otorgarlos.
Se propuso desde la UNAL que los proyectos de investigación con fines científicos no requieran de un permiso de investigación ni de un CARG, y que como resultado del proyecto se obtenga algo con fines comerciales o patentables; así, se debe proceder a informar al Minambiente para obtener el CARG (no obstante, ante esto el Gobierno se hace el de los oídos sordos).
