Miércoles, 24 Abril 2024

Por. Johannie L. James Cruz

Directora de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia

 

Es tradicional que ante las discusiones con Nicaragua sobre la soberanía de Colombia en el mar Caribe, la reacción sea la misma: ofrecer soluciones más coyunturales que estructurales a los problemas que enfrenta el territorio. Incluso, es común que estas acciones se acompañen de absurdos y superficiales intentos de arraigo nacional sobre el territorio insular, como la emisión de monedas de diez pesos en los años 80. Con el reciente fallo de La Haya sobre la delimitación marítima entre los dos países, la reacción de Colombia no ha sido distinta.

El Plan San Andrés, que posteriormente se llamó Plan Archipiélago, busca realizar una importante inversión de recursos económicos en las islas, entre los que se cuentan subsidios a pescadores artesanales, más de 600 becas de estudio, subsidio al transporte y hasta la entrega de más de 4.000 tabletas electrónicas a los estudiantes. Todas estas medidas de carácter coyuntural no permiten revertir el desarrollo económico desigual que presenta el archipiélago.

Además de hacer evidente la ausencia de una estrategia nacional de largo plazo, esta situación pone de manifiesto una realidad ignorada reiteradamente: los estrechos lazos de parentesco entre las comunidades insulares de ambos países. No existe ninguna familia raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que no tenga su contraparte en el Caribe: Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Gran Caimán, etc.

Por tanto, se hace necesario liderar un proceso de reconocimiento de una comunidad Caribe y afianzar la administración conjunta del mar y de reforzamiento de los lazos de vecindad entre naciones de Centroamérica y el Caribe.

La Universidad Nacional de Colombia lidera esta iniciativa y por eso en 2013 realizó en San Andrés el Seminario “Integración Fronteriza y Vecindad entre Colombia y los países del Gran Caribe,  que contó con la participación de académicos de Costa Rica, Jamaica, Panamá, Nicaragua, entre otros.La intención era brindar un espacio de concertación de iniciativas de trabajo conjunto entre instituciones académicas de la región, como aporte desde la academia a la consolidación de estrechos lazos de cooperación regional y como preámbulo para impulsar la construcción de una política de vecindades en la región.

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