*Albert Einstein

¿Cuántas veces hemos querido volver a empezar algo para hacerlo  bien y no remendar lo ya construido? Pues en el tratamiento de  aguas residuales en Co­lombia tenemos hoy esta oportunidad: luego  de casi 30 años de instrumentos económicos y normativos tenemos  una realidad del 33 por ciento en cobertura (DNP, 2014).

 Aunque parece un panorama triste, nos impone grandes retos y la oportu­nidad de repensar y empezar de cero, aprovechando las lecciones aprendi­das. Un buen arranque conceptual podría pasar por una superposición de dos preguntas: cuál es el ambiente que queremos y cuál es el crecimien­to económico que queremos.

Así, nos podríamos aproximar a un encuentro y reconocer los sacrificios en uno y otro objetivo. Paso seguido, podríamos pensar en un marco de instrumentos económicos con una única mirada que hoy no está declarada y es que los Pla­nes de Saneamiento y Manejo de Ver­timientos (PSMV), las tasas retributivas y los límites permisibles de vertimientos buscan lo mismo, deben sumar resul­tados y no multiplicar cargas; pueden ser excluyentes si con uno solo se lo­gra el objetivo sobre todos los conta­minantes, o complementarios cuando no se han logrado las tasas óptimas de las que habla el impuesto pigouviano o cada instrumento le apunta a cumplir una parte del objetivo final. En todo caso, una mirada aislada para cada ins­trumento no tiene ningún sentido.

Esto nos lleva a preguntarnos si debe­ríamos contar con los recaudos resul­tantes de la aplicación de tasas como una herramienta más para mejorar las calidades de las fuentes. Y la respuesta no es tan obvia, pues si las tasas ge­neran el resultado esperado y llegan al encuentro entre preservación y creci­miento, no sería necesario invertir más para resolver el mismo problema, sino que, por el contrario, debería invertir­se en otros mercados más distorsiona­dos. Ahora bien, si esas tasas no son suficientes y el control de cantidades tampoco, debería ser obligatoria la in­versión de esos recursos.

Por último, un buen fin para este arran­que podría ser darle un vuelco a los conceptos de contaminación y activi­dad económica en este sector. Si nos devolvemos en el tiempo, aunque no muy atrás y no muy lejos, nos encon­tramos con una situación poco desea­ble ambientalmente: la descarga ato­mizada y descontrolada de las aguas residuales a las vías, la propagación de enfermedades y el riesgo geológico, es decir, la falta de alcantarillado.

Deberíamos pensar, entonces, que el servicio público de alcantarillado (que recolecta y transporta lo que por ac­ción antrópica se genera y necesaria­mente debemos evacuar) no genera externalidades negativas, las disminuye per se.

Si bien es una actividad económica, en la tarifa no se internaliza el beneficio ambiental de esta recolección, pero a las empresas sí se les cargan los costos para la reducción de la externalidad y, lo más preocupante, con inversiones a ciegas y con resultados específicos no develados. El impacto tarifario del tra­tamiento puede superar la capacidad de pago de las comunidades, lo cual compromete el servicio de recolección y nos devuelve al peor escenario.