Por Eduardo Behrentz @behrentz
Los resultados de la Encuesta Nacional Ambiental 2015 llegan con buenas noticias, pues todo indica que el nivel de conciencia sobre los temas medioambientales en el país es cada vez mayor. Si bien la percepción inicial puede ser un tanto alarmista (9 de cada 10 ciudadanos consideran que el estado actual del medio ambiente en Colombia es desfavorable), es positivo encontrar que la mayoría de los encuestados conoce sobre el cambio climático, se preocupa por el manejo de las basuras y el ciudado de los ríos, apoya el reciclaje, el ahorro de energía y le exije al Estado leyes que garanticen la protección de los recursos. Los ciudadanos disfrutan más que antes de los espacios ecológicos, entienden la consecuencias de la contaminación en su salud e incluso, en lo local, el medio ambiente desplazó temas de relevancia histórica como la economía y la educación.
Lo anterior es un avance importante en términos de concientización, pero al indagar por actitudes y comportamientos emergen inconsistencias que ameritan análisis: por un lado, los ciudadanos se consideran los principales defensores del medio ambiente, pero al presenciar actuaciones perjudiciales contra este, seis de cada diez no hacen nada. Por otro, su principal aporte al cuidado del medio ambiente se limita al uso de bombillos ahorradores (73%) y a controlar el volumen del televisor (38%), mientras que acciones que implican un mayor compromiso como limpiar parques, participar en campañas educativas o vincularse a organizaciones de la sociedad civil involucran un porcentaje realmente pequeño (5%). Y algo soprendente: cuando se pregunta por la razón principal para cuidar el medio ambiente, la primera respuesta de los ciudadanos no es la preservación de los recursos naturales ni aumentar la calidad de vida, sino reducir los gastos en servicios públicos. Parece, pues, que los encuestados dicen una cosa, pero piensan y hacen otra.
Esta no es la primera vez que nuestra inconsistencia entre discurso y acción queda en evidencia. Encuestas realizadas por Corpovisionarios en todo el país corroboran de manera sistemática que los colombianos padecemos el síndrome del “sujeto moral”, esto es, “yo coopero, yo soy legal, yo aprendo por las buenas”. En contraste, cuando se nos pregunta por los demás, nuestra visión cambia de manera radical y emerge el “sujeto legal”: “los demás son malos, apáticos, no cooperan y necesitan garrote”. Esta visión perversa de los otros tiene implicaciones directas en nuestro comportamiento, pues en la medida en que nos imaginamos entre ciudadanos poco ejemplares tenemos más probabilidades de comportarnos de forma similar. Un dato de la Gran Encuesta Nacional Ambiental que llama la atención es que en la mayoría ciudades la gente afirma que su gobernante “habla mucho sobre medio ambiente pero no hace nada”, “no dice ni hace nada” o sencillamente “no le importa”. ¿Coincidencia?
Este análisis no puede escapar a los tomadores de decisión en materia ambiental si lo que se busca es que los colombianos pasemos del nivel de concientización, en donde ciertamente hay avances, al nivel de acción, para lo cual podemos volver a la encuesta en busca de pistas. Aunque de manera contundente la ciudadanía exige más garrote y multas para los incumplidos, también reconoce en alto porcentaje (90%) la necesidad de capacitación, así como otras opciones de regulación como “sanciones pedagógicas” y “llamados de atención”. También debe analizarse el hecho de que el 43% que afirma no hacer nada frente a acciones perjudiciales contra el medio ambiente lo justifica en que “no conoce formas o mecanismos para actuar frente a estas situaciones”. Es importante saber que, en ocasiones, la gente sí está dispuesta a cooperar, pero nadie le ha enseñado cómo.
El reto ahora es diseñar estrategias concretas para transformar comportamientos puntuales en las ciudades del país, toda vez que en los grandes temas parecemos estar de acuerdo: el cambio climático, el reciclaje, las basuras, el cuidado de los recursos hídricos, el cumplimiento de la ley. Es clave que los gobernantes se comprometan a construir –o restaurar– la confianza institucional, condición previa fundamental para la cooperación ciudadana, y que las autoridades ambientales diseñen políticas que no dependan de gobiernos de turno y así mismo establezcan una comunicación permanente y fluida con los ciudadanos. Los resultados de esta encuesta se constituyen en un insumo estratégico para llevar a buen puerto tales tareas.
