Por Carlos Manuel Herrera Santos
¿Cuál debería ser la prioridad ambiental del nuevo gobierno?
Hay muchos frentes: abordar una agenda cada vez más especializada, resolver problemas que no solucionaron las anteriores administraciones, poner en práctica los propósitos de tantas políticas y programas, o ajustar instrumentos mal concebidos o que requieren actualización.
Además, se deben considerar las iniciativas derivadas de la agenda ambiental global e incorporar los requerimientos para que el país haga parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Todo esto en un contexto donde los recursos naturales sufren un serio deterioro y son mayores las necesidades de una población creciente. La tarea pasa, entonces, por gestionar las restricciones ambientales y los crecientes riesgos que hacen más lento el desarrollo y ponen en entredicho las aspiraciones de bienestar de la población.
Por esta razón, la principal prioridad del nuevo gobierno debería ser llevar al país por la senda de un crecimiento verde: sin desarrollo económico y social no es posible satisfacer las necesidades crecientes de la población, pero este solo es posible si se garantiza la base de recursos naturales que lo sustenta. Se requieren cambios en la forma de producir y consumir, que estimulen la innovación y la mejora de los procesos, que promuevan el cierre de ciclos, que incrementen la productividad y extiendan la gestión a todas las cadenas productivas. Además, se requiere consolidar un nuevo sector económico basado en productos y servicios que respondan a las demandas de una sociedad más sostenible.
Para avanzar en un camino que cree riqueza y empleo, se requieren reglas claras y estables para la inversión, que empiezan por una visión compartida del uso del suelo, entre las entidades del gobierno, que armonicen los planes sectoriales y las agendas de conservación, y que de manera concreta delimiten y alinderen las zonas protegidas, además de explorar herramientas para el manejo del paisaje que permitan más actividades económicas, la protección de la biodiversidad y nuevas oportunidades para la población local, todo lo cual debería complementarse con una robusta estrategia de restauración de ecosistemas.
Otra tarea es dar certidumbre a los inversionistas, simplificando trámites, haciendo previsibles los tiempos de los procesos administrativos (licencias y permisos), combatiendo la informalidad y orientando la gestión hacia la mejora del desempeño del regulado y un consumo más sostenible de la población.
Avanzar en este camino pasa por una reforma de la institucionalidad que incluye más capacidades en los ministerios sectoriales para involucrar la variable ambiental en sus planes, y un ajuste de los órganos directivos de las CAR y las autoridades urbanas, que las convierta en instituciones técnicas, distantes de los directorios políticos, cuyos resultados se midan por la mejora de la calidad del ambiente y por liderar la acciones regionales y locales hacia la sostenibilidad.
