Continúan la pugna y los desacuerdos por la licencia de construcción otorgada por la CVS para la construcción de un puerto carbonífero al interior del DMI de la Bahía de Cispatá, en Córdoba.
Varios alcaldes y autoridades de la zona de Córdoba y Sucre reclaman mantener el principio de precaución que prima sobre los ecosistemas naturales, a propósito de la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) a la empresa Graneles del Golfo para la construcción y operación de un puerto de carbón con capacidad para 20 mil toneladas.
La licencia y el proyecto no tendrían problema si no fuera porque la solicitud fue otorgada dentro de una zona del llamado Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá y porque el puerto, con una proyección de 27 mil hectáreas impactaría 7.5 hectáreas de humedales, manglares y bosques que están dentro del DMI.
Aunque la licencia fue otorgada hace dos años por la CVS, esta decisión ha empezado a generar rechazo por parte de líderes de la comunidad, autoridades locales y ambientalistas de la Región Caribe y el centro del país.
En un comunicado autoridades y líderes sociales de la zona señalan que no están de acuerdo con el otorgamiento de la licencia ambiental al puerto pues, afirman, no se tuvo en cuenta lo que estipula el Plan de Manejo del DMI Bahía de Cispatá, que prohíbe la construcción de puertos en el área protegida.
El comunicado, firmado por los alcaldes de San Antero, Lorica y San Bernardo del Viento, en Córdoba y Coveñas, en Sucre, además de la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afros para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) seccional Córdoba y las juntas de acción comunal del Corregimiento Bijaíto, de San Antero, Córdoba, insiste en que la licencia desconoce los impactos negativos a futuro de la obra y que se desconoce el principio de precaución que prima sobre los ecosistemas naturales, además de ignorar el ordenamiento ambiental que durante los últimos 20 años han liderado autoridades y comunidades para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región.
Los ambientalistas también se han pronunciado sobre la inconveniencia de esta licencia, con el argumento de que el ecosistema se encuentra en buen estado de conservación, y que una intervención puede causar impactos negativos, tanto a los manglares, a la sedimentación y a un reciclador importante de materia orgánica, como a la especie de Caimán Aguja (Cocodylus Acutus), que habita en la zona.
Para Sandra Vilardy, bióloga marina con Ph.D. en Ecología y Medio Ambiente, la caída de carbón o combustible al agua, producto de la actividad naviera, podría contaminar y acabar con la vida de bosques de manglares y animales. Esta tesis es apoyada por el biólogo Giovanni Ulloa, a quien le tomó más de una década asegurar, junto con las comunidades de la zona, la población del Caimán Aguja. Según Ulloa, la construcción del puerto, afectará la expansión y repoblamiento de la especie.
Al cuestionar a la CVS sobre el impacto ambiental que genera el otorgamiento de la licencia, su director, José Fernando Tirado, hizo referencia a usos y actividades prohibidas en el distrito Cispatá, sobre lo que el plan integral dice textualmente que efectivamente no se permiten: las “Obras de infraestructura de alto impacto sobre los objetos de conservación del DMI como puertos, carreteras, instalaciones de telecomunicaciones, oleoductos, entre otras, e infraestructura hotelera no acorde con los criterios de turismo sostenible en el DMI”.
En un intento por tranquilizar a los expertos y opositores, el funcionario aseguró que la licencia sería revocada si se evidencia incumplimiento por parte de la empresa o si se detecta un impacto negativo al ecosistema. Sin embargo, la comunidad y los pescadores temen las consecuencias del dragado, la actividad pesquera y la disposición final de las toneladas de sedimentos. Los firmantes del documento solicitaron a las autoridades ambientales “la realización de audiencias públicas en el menor tiempo posible, antes de que finalice el proceso ante la ANI, con el fin de debatir con la comunidad, expertos y autoridades territoriales los impactos ambientales negativos que este proyecto ocasionaría a las comunidades de Córdoba y Sucre”.
Nota: Esta noticia ha sido actualizada después de conocerse el comunicado de los alcaldes y líderes sociales de la región
La licencia amenaza manglares y especies del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, en Córdoba / Foto: Cortesía Amnerys Pérez Coronado.
