Catorce6 conoció el decreto que les cobra a los científicos del país una tasa de compensación por el uso de animales silvestres para investigación. Se prende la polémica.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, firmó en los últimos días el decreto 1272 de 2016 el cual se reglamenta “la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre” que estaba estipulada en la ley 99 de 1993. En palabras sencillas el documento establece el valor y la fórmula con la que le cobrarán a los científicos del país por recolección de animales silvestres para investigación.

Esa misma tasa será cobrada, por ejemplo, a cazadores deportivos. Es decir que estos últimos tendrán un trato similar, en materia de pago, a los investigadores, aun cuando los dos utilizan la fauna para objetivos totalmente distintos.

Foto de referencia. / Foto: cortesía CVC

Presidencia y Minambiente justifican esa similitud en un decreto ley, el 2811, de hace más de 42 años que define la caza como “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos”. Es decir que independientemente de su objetivo, la función que cumplen los científicos del país es considerada por las norma como un proceso de caza.

Fuentes del Ministerio sostienen que hay una tarifa diferenciada, que se puede observar en el decreto, que no iguala a los académicos con los cazadores deportivos, pero que la reglamentación debieron expedirla por una orden del Consejo de Estado luego de la polémica que se creó en torno a la autorización para que Manuel Elkin Patarroyo siguiera usando micos para desarrollar la vacuna contra la malaria. Y efectivamente la normatividad establece que la tasa de cobro será del doble para los cazadores comerciales que para los que sean usados para estudios ambientales.

Gonzalo Andráde, del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional y delegado de las universidad públicas ante el Consejo Asesor de Política Ambiental, criticó fuertemente el contenido del decreto, aunque asegura que el mismo era importante porque había que calcular una tasa de compensación de daños, dice que le parece “inconcebible” que la investigación científica sea considerada como una afectación a la fauna.

“Lo malo es que metieran el tema de la investigación silvestre como una afectación, es decir cuando estudio una mariposa, un murciélago o un pez, por ejemplo para establecer un área protegida, se considera que es un daño a la fauna y tenga que pagar una compensación… es inconcebible una tasa contra la investigación”, señaló.

Andrade alega que nunca consultaron al Consejo Técnico para expedir el decreto y que lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente fue igualar la caza científica con la deportiva. “El Consejo de Estado sí le ordenó al Ministerio de Ambiente que reglamentara las tasas de compensación pero no les dijo cómo. Esto se lo inventaron los de Mercadeo Verde del Ministerio”.

Por último señala que la ciencia se va a ver afectada en este campo por el decreto pues pone como ejemplo que si ellos quieren marcar a una ballena con un chip para saber su ubicación y estudiarla tendrán que pagar un valor por cada gramo que pese el mamífero.