Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
Todo parece indicar que se ha ido fraguando un consenso acerca de la importancia de ajustar pronto la institucionalidad ambiental del país definida en la Ley 99 de 1993. Varios gobiernos lo han intentado, pero hasta el momento todas las iniciativas se encontraron con una oposición férrea de varones (y varonesas) políticos, y de quienes fueron los principales promotores de la Ley a principios de los 90. Mientras tanto, la mayoría de las autoridades ambientales creadas por esa ley en todas las regiones, han venido perdiendo credibilidad fruto de las permanentes denuncias de corrupción y la escasa eficacia en la atención de los cada vez más visibles desafíos ambientales.
Desde que empezó a ser notoria la captura de las CAR por parte de los políticos regionales comenzó a hablarse de la importancia de hacerle ajustes a la Ley. Es que tener el control de una CAR resultó más rentable para el clientelismo que controlar una gobernación. Las CAR de muchas regiones cuentan con mayor presupuesto que las administraciones departamentales y sus decisiones a todas luces tienen mayor incidencia en muchos aspectos del desarrollo regional. Las CAR autorizan el uso de recursos naturales como el agua, el bosque, el suelo. Las CAR dicen si un proyecto regional o una obra es viable o no. También ellas dicen la última palabra sobre aspectos que están bajo responsabilidad de los municipios como el ordenamiento territorial o el saneamiento básico.
Cuando los políticos se dieron cuenta de semejante poder y que alcanzarlo era más fácil que conseguir una gobernación, las CAR se volvieron un trofeo y alcanzarlo una hazaña del más puro clientelismo. Es que después de la Constituyente de 1991, cuando se pensó en contar con un buen grupo de alcaldes y gobernadores en el consejo directivo de la CAR, la idea era darle fuerza a las dinámicas regionales en las decisiones ambientales. Igualmente cuando se decidió que las ONG, los indígenas y afros estuviesen representados en el mismo órgano de dirección, se le quiso dar vocería a las dinámicas ciudadanas. Y la presencia de un representante del Presidente de la República en ese consejo, era para asegurar el liderazgo del jefe del Estado en las dinámicas ambientales de las regiones.
Los políticos de muchas regiones la vieron fácil: intrigaron con el Presidente para que su representante fuese un amigo de bolsillo, armaron ONG de la nada, sedujeron a afros e indígenas y negociaron con alcaldes y gobernadores el voto para sus pupilos. Por eso los directores de esas CAR, una vez elegidos se dedican a devolver favores. Los alcaldes se dedicaron a presionar obras para sus municipios y los representantes de las comunidades a exigir contratos. Así las cosas, la gestión ambiental quedó reducida a lo que iban logrando plasmar los técnicos de las CAR.
No hay duda que el principal ajuste de la ley ambiental debe centrarse en la conformación de sus consejos directivos. En ese propósito deberían estar todos los que quieren hacer de las CAR las instituciones que pueden hacer frente a los retos ambientales de este momento, empezando por las CAR mismas. Ese es el desafío de hoy, pero de no ser asumido, el de mañana bien podría ser la construcción de otro tipo de institucionalidad que de verdad responda a las necesidades del presente y del futuro.
