Lunes, 14 Octubre 2019
La preocupación se hizo más visible, luego del estudio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, en el que se habla de 79 mil hectáreas de explotación de oro afectadas.
 
Esta práctica milenaria que fuera una opción de subsistencia para comunidades étnicas, con el uso de bateas, es en la actualidad una amenaza para la biodiversidad, a causa de grandes maquinarias que van por el mineral preciado.
 
La reciente investigación del Gobierno Nacional y la UNODC, destacan afectaciones por la explotación de oro de aluvión que van desde zonas de alto valor ambiental, territorios étnicos, hasta alteraciones ligadas a la producción de coca.
 
Según el estudio, esta problemática es un motor para el quebranto de la biodiversidad nacional, pues “la pérdida total de coberturas de alto valor ambiental asociada a las actividades de explotación de oro de aluvión fue de 24.450 hectáreas para el año 2014”.
 
 
 
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El 60% de la explotación de oro de aluvión no se realiza bajo el amparo de la normatividad vigente / Foto tomada de bioredd.org.
 
 
 
Carlos Andrés Naranjo, subdirector de regionalización de Corantioquia, explica que la explotación de oro de aluvión tiene la condición de ser impactante “porque se hace remoción de capas vegetales, afectación sobre la flora, degradación sobre el suelo y grandes afectaciones sobre el agua”.
 
Naranjo considera que, por lo menos en los 80 municipios que regula Corantioquia, hay otros temas como la ilegalidad, inclusive en zonas cercanas o que tuvieron titulación minera, que ocasionan también la degradación medioambiental.
 
La investigación de UNODC indica que, de los 17 departamentos con concentración de este tipo de minería, el Chocó y Antioquia son los más afectados con un 46% y un 33% respectivamente, además de una evidente preocupación por que sólo el 2% de las áreas detectadas en el territorio nacional tienen licencia ambiental para esa actividad aurífera.
 
El estudio continúa en una fase de valoración socioeconómica y se espera que conlleve a una política pública respecto a las relaciones que involucran esta práctica en Colombia.
 
 
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