Paradojicamente, con la ley 93 de 1931 se buscaba fomentar la explotación de productos forestales en el país.
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La norma es considerada pionera en la formulación de políticas de desarrollo rural y regional que buscaba fomentar la colonización y mejoramiento de la capacidad técnica y de coordinación interinstitucional entre empresas, entidades, organizaciones y consorcios que pretendan ejercer la explotación de cobertura forestal en el territorio nacional.
Dentro de los aspectos relevantes de esta norma, se establecía que aquellas zonas contratadas para explotaciones forestales serían delimitadas debidamente, conforme con las reglas generales y mediante los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el ejercicio de otorgamiento de permisos. Los contratistas de tales extensiones tenían la obligación de mantener en estado de producción aquellos cultivos identificados como plantíos naturales.
La norma establecía que aquellos individuos que se dedicaban a realizar explotaciones de productos forestales a baja escala, debían gestionar los permisos correspondientes con las Alcaldías Municipales del país. Dichos permisos debían renovarse de manera anual.
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