El ministro de Minas, German Arce, se pronunció en desacuerdo sobre la decisión de la Corte Constitucional que argumenta violación de los derechos de las comunidades. Demandantes defienden el fallo.
Un fallo de tutela proferido en las últimas horas por la Corte Constitucional tumbó una de las principales estrategias de explotación minera del Gobierno Nacional. Se trata de las más de 200 áreas de minería estratégica que había fijado la Agencia Nacional de Minería a través de las resoluciones 180102 y 0045 del 2012.
Estas áreas que están ubicadas en 20 departamentos del país, se caracterizan porque presentan minerales estratégicos por su riqueza y volumen. La diferencia con otras zonas mineras está en que éstas no reciben “nuevas propuestas ni se suscriben contratos de concesión minera” sino que “son otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva. La autoridad minera establecerá en los términos de referencia las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías que deben pagar los interesados”.
La tutela que terminó abriendo paso a la decisión argumentaba que, con estas áreas, se vulneró el derecho de las comunidades a una consulta previa, abierta e informada y también alegaba que se estaban violando los derechos a alimentación, el acceso al agua y colectivos como el de un medio ambiente sano y al patrimonio cultural.
La decisión de la Corte Constitucional no es menor, pues las resoluciones abrían un espacio 17,6 millones de hectáreas en las que había potencial para explotar minerales como oro, cobre, hierro, platino, carbón, coltan, potasio, magnesio, fosfato y uranio.
Sobre la decisión el nuevo ministro de Minas se pronunció muy duro contra la determinación de la Corte. En entrevista con La W, German Arce aseguró que “la Constitución garantiza los derechos de todos los colombianos y hay unos derechos diferenciales para comunidades minoritarias, pero estas comunidades lo que no pueden es poner en jaque el desarrollo de la mayoría que somos 40 y pico de millones de Colombianos”.
Aunque dice desconocer la totalidad del fallo, sobre las afectaciones económicas, Arce advirtió que “las actividades de hidrocarburos y minería tienen un peso enorme en los ingresos públicos, porque la empresa más grande del país está en ese sector, entonces el impacto no es menor porque los recursos han sido importantes en los planes de inversión”.
El debate se agudiza más por la coyuntura que vive el país de una reducción notable en los ingresos de utilidades provenientes del petróleo, por el descenso en el precio internacional del barril de crudo.
La demanda, que fue presentada por varias comunidades indígenas de diferentes departamentos del país afirma que “si bien el Gobierno Nacional realizó los estudios en el campo geológico, geofísico y geoquímico e integró la información cartográfica temática disponible para delimitar las áreas, este no hizo estudios poblacionales y socio-ambientales correspondientes, en los que se considera el potencial biótico, abiótico y natural de dichos territorios”.
Las demandantes del Centro de Estudios Tierra Digna, sostienen que esta actuación del Gobierno vulnera los derechos fundamentales de las comunidades a la consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural. Asegura que ese tipo de decisiones “atenta contra los derechos colectivos de dichos grupos al medio ambiente, al agua, a la alimentación, a la cultura, en conexidad con la vida e integridad personal”.
Cabe recordar que el Consejo de Estado ya había suspendido temporalmente el año pasado las resoluciones del Gobierno Nacional en las que delimitó las llamadas áreas estratégicas mineras / Foto: Archivo diario Portafolio.
