Luego de presiones de ciudadanos, alcaldes y líderes ambientalistas de la Costa Caribe, CVS revoca una licencia ambiental que había otorgado en diciembre de 2014.
La licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), el 23 de diciembre de 2014, para construir un puerto carbonífero en el Golfo de Morrosquillo, fue revocada en las últimas horas por debilidades encontradas en la evaluación ambiental realizada para otorgar tal licencia.
La decisión anunciada esta mañana afecta a la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo S.A., que pretendía construir un puerto carbonífero en el Golfo de Morrosquillo y no toma por sorpresa a expertos en licenciamiento que ya habían encontrado debilidades de carácter técnico, social y procedimental en la licencia otorgada en 2014.
Académicos de la región, expertos en el análisis de ecosistemas marinos y costeros, coinciden en señalar que la Resolución de la CVS de 2014 que otorgó la Licencia Ambiental es muy débil y terminó avalando un Estudio de Impacto Ambiental mucho más débil en aspectos como caracterización de las fuentes receptoras de vertimientos, ausencia del plan de contingencia para el control de emisiones en los patios de carbón, débil línea base en los estudios y en la caracterización en calidad de agua, debilidad en los estudios bióticos, en especial los marinos, el rescate de fauna y manejo de ecosistemas sensibles como los corales y los pastos marinos. (Vea también: Sigue controversia por licencia a puerto carbonífero en Córdoba)
Desde el punto de vista social, los mismos expertos identificaron debilidades metodológicas incluyendo la identificación del área de influencia del proyecto.
Otros aspectos relevantes, como la autorización de un botadero marino, sin los estudios oceanográficos esenciales también hacen parte de las falencias. Al contrario, los estudios oceanográficos realizados no tuvieron soportes de tomas directas y primarias, en especial la modelación de dispersión y los temas básicos de oceanografía (Corrientes, oleaje, etc.). El estudio tampoco hizo la evaluación económica de impactos que exige la normatividad vigente.
La revocatoria de la licencia se debe a errores técnicos, jurídicos y sociales encontrados en el proceso de otorgamiento / Foto tomada de Youtube.
Según el comunicado de la CVS, con ocasión de la solicitud de revocatoria presentada por un ciudadano y luego de hacer una revisión minuciosa al proceso de otorgamiento de licencia, se procedió a revocarla mediante la Resolución No. 2-2246. Tal revisión encontró falencias técnicas, jurídicas y sociales, además de “la constatación de la presencia real de comunidades étnicas y afro en la zona de influencia del proyecto, a las cuales se les debió garantizar la realización de la consulta previa, como derecho fundamental”.
Como pudo establecer Catorce6, la decisión se originó en presiones que ejerció el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ante las críticas y denuncias que surgieron sobre el tema en días pasados.
Recordemos que la licencia de construcción del terminar portuario fue otorgada en un área de 27 mil hectáreas, incluida 7.5 hectáreas del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá, en San Antero, Córdoba, para la operación de cargue de carbón con capacidad para 20 mil toneladas anuales.
