Viernes, 19 Abril 2024
Cuando la elección del nuevo director de Cormagdalena se ha dilatado dos veces por falta de quorum, siguen presentándose duras críticas a la entidad en un momento en el que el país todos miran al Río Magdalena. Esta vez se trata de una querella disciplinaria presentada a la Procuraduría en contra de Augusto García, exdirector de la entidad, y Carlos Núñez, director encargado quien lleva 6 meses en la función.

La investigación fue presentada por Luz Miriam Muñoz Gómez  invocando conflicto de intereses de los dos funcionarios según los establecido en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Según Muñoz Gómez, “tanto Cormagdalena como Corpamag (Corporación Autónoma del Magdalena) aprobaron recursos para la para la misma obra (caño Schiller en el municipio El Piñón) por un total de 14 mil millones de pesos”, expresó a estación de radio La W.
 
Con relación al conflicto de intereses, Augusto García ha declarado que si bien hay predios de su suegro en dicha zona, “no se ha ejecutado en la administración ningún recurso, ningún contrato, no se destinó ningún peso”, explicó.

El año pasado, el Alcalde de El Piñón presentó el proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y este le dio la orden a Cormagdalena para tramitar dineros o créditos de regalías para ese municipio. Sin embargo, Cormagdalena fue a la zona y encontró que las obras las estaba adelantando Corpomag.

Por su parte, el abogado Alfonso Camerano ha dicho que son problemas de “moralidad pública, pues Núñez firmó contratos con alcaldes de Cicuco, y de Río Viejo, Bolívar que asisten a la junta directiva y además tiene relaciones directas con la familia del gobernador del Magdalena”.

La querella se da en medio de la puja por la dirección de Cormagdalena en la que Carlos Núñez figura como aspirante al cargo. Otros postulantes son José Gregorio Manga (excontralor delegado para medio ambiente durante el periodo del excontralor Julio César Turbay), César Lourdy (experto en temas portuarios y ambientales), César Garay (asesor en desarrollo sostenible) e Iván Orozco (abogado especialista en trámite de licencias ambientales).
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Editorial

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