Miércoles, 19 Junio 2019

El término ‘gobernanza’ comenzó a ser utilizado a finales de los ochenta, existiendo en este proceso evolutivo muchas definiciones: en principio se utilizó como una nueva concepción explicativa de valores democráticos, instituciones fuertes e independientes y la promoción del desarrollo; seguidamente, la cooperación internacional se apropió de él como medio para canalizar ideas liberales.


En este contexto, digo como Mayntz en 19981 que ‘gobernanza’ significa una forma de gobernar más cooperativa, donde los actores públicos y privados participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas.

Entre los enfoques de la gobernanza tenemos la Ambiental, entendida como el escenario en el cual participan personas y entidades (actores) de niveles que van desde lo local hasta lo mundial, pasando por lo regional y nacional; el Estado ya no es el único actor considerado capaz de hacer frente a las externalidades ambientales.

Por ello, es necesario que actores públicos y privados participen y cooperen en la formulación y aplicación de políticas ambientales, puesto que si bien el Sina –en coherencia con nuestra Constitución– establece instancias de participación, son innumerables los eventos en los cuales el Gobierno nacional y los demás niveles de gobierno adoptan políticas o regulaciones en cuyo proceso los actores no son consultados, lo cual no solo es reprochable constitucionalmente, sino que limita la gobernanza ambiental.

Entendiendo que un elemento de la gobernanza es la movilización de diferentes actores hacia metas comunes, a lo largo y ancho del país presenciamos la ejecución por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales de acciones ambientales que solo representan sus intereses y no los de todos los actores involucrados.

Una limitante para asegurar una buena gobernanza son las prácticas corruptas que cada día parecieran incorporarse en nuestra cultura, haciéndose indispensable que tanto las autoridades ambientales como las demás entidades ejecutoras de proyectos ambientales, implementen mecanismos de información que hagan transparentes sus procesos de contratación y ejecución de recursos, que introduzcan durante las etapas la rendición de cuentas orientada a los actores involucrados en su formulación, ejecución y seguimiento.

Urge entonces establecer y fomentar un marco jurídico que incorpore formas híbridas de gobernanza, como el comanejo y las alianzas público – privadas; igualmente facilitar arreglos institucionales no formales, como códigos voluntarios de conducta, alianzas entre sectores, y espacios para el diálogo y la participación pública.

Si en Colombia pretendemos dar un cambio en la cultura ambiental de los ciudadanos, y hacer que estos se apropien y acepten las políticas y regulaciones, es indispensable dar un salto hacia una buena gobernanza ambiental, lo cual implica para los responsables de la gestión ambiental un cambio sustancial de 180 grados con el firme propósito de proteger el legado ambiental.












 

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