Por Eduardo Chávez López
El represamiento en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental no obedece a la ausencia de límites temporales para que la autoridad ambiental se pronuncie. No hay funcionario de la ANLA o de las CAR que no se queje de la acumulación de expedientes en sus escritorios y de sus ingentes esfuerzos para evaluar los voluminosos estudios de los proyectos a su cargo. Aun así, el tiempo no es la preocupación general de los inversionistas: todos ellos saben que aquí, como en cualquier lugar de este mundo globalizado, la factibilidad de un proyecto está íntimamente ligada a su viabilidad ambiental y lograrla toma tiempo.
Lo que buscan todos los actores del desarrollo (inversionistas, comunidades, empresarios, academia…) es claridad sobre las reglas de juego que puedan afectar los proyectos y su sostenibilidad.
El ajuste en el proceso de licenciamiento ambiental debe ser el producto de un análisis más integral sobre las líneas de nuestro desarrollo económico y su relación con la oferta ambiental del país. Como país debemos profundizar en los fundamentos que hagan realidad el criterio constitucional del Desarrollo Sostenible. Debemos pensar integralmente el territorio y definir como Nación mecanismos de protección de ecosistemas estratégicos. Debemos tener claridad de las zonas de crecimiento o expansión y en ellas realizar evaluaciones ambientales estratégicas que permitan a los inversionistas saber de las posibilidades reales para la implantación de sus proyectos, pero también de las restricciones existentes Por último, debemos tener en cuenta qué está permitido y qué no, principalmente cuando se trata de actividades claramente impactantes como la industria extractiva o la infraestructura.
Si este debate conduce a la profundización del conocimiento de nuestra oferta natural tanto superficial como del subsuelo, vamos por buen camino. Esa decisión lleva a fortalecer, por ejemplo, la capacidad técnica y la estabilidad de los expertos de las autoridades ambientales en las disciplinas que el desarrollo requiere.
Mucho hemos avanzado, pero también falta mucho por conocer. La información necesaria para la toma de decisiones ambientales todavía no es completa y la que hay sigue estando dispersa, a pesar de los esfuerzos del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) y de iniciativas como la incorporación de la Geodatabase en los estudios ambientales que recibe la ANLA. Pero en la construcción del conocimiento no solo debe invertir el sector ambiental del Estado; agencias como la de hidrocarburos (ANH), de Minería (ANM) o infraestructura (ANI) deberían pensar en cómo incorporar la variable ambiental desde que conciben los proyectos. Podrían incluso ser más proactivos y atreverse a invertir en el licenciamiento ambiental previo de los proyectos y trasladar los costos de esa actividad a los promotores una vez adjudiquen los bloques y las obras.
En síntesis, hay que entender que la variable ambiental debe cobijar todas las fases de desarrollo de los proyectos desde su concepción. Esta decisión debe estar clara en las diferentes dependencias del gobierno encargadas de la promoción del desarrollo, y también en los empresarios. De esa manera estamos evitando el traslado de la presión al proceso de licenciamiento ambiental, asegurando sostenibilidad en nuestra oferta natural y de paso agilidad y eficiencia en la implantación de los proyectos y ganamos todos.
Se trata de cambiar el chip ambiental de todos. Pensar más en la viabilidad ambiental y menos en el licenciamiento ambiental. La primera asegura la sostenibilidad del proyecto y los ecosistemas, el segundo es solo un trámite que puede no asegurar nada.
