Martes, 18 Septiembre 2018
Cecilia Rodríguez González-Rubio
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Todos sabemos que lo que más desvía a las alcaldías del interés público es la pre­sión por contratos y puestos que hacen los políticos locales. Igual fuerza ejercen los intereses individuales de algunos al­caldes. Las ciudades con escasez de agua solo tienen que mirarse a sí mismas para encontrar las causas de su tragedia: omitieron comprar predios para prote­ger cuencas abastecedoras, no adopta­ron medidas de protección de ecosiste­mas en sus jurisdicciones ni hicieron las inversiones para asegurar el líquido para consumo humano. Todo lo prevé la ley ambiental. En esta vulnerabilidad están la mayoría de las ciudades grandes y pequeñas. Si le agre­gamos la omisión de hacer inversiones en tratamientos de sus aguas residuales y en modelos sostenibles para el manejo de los residuos sólidos, encontramos que las alcaldías son las res­ponsables de gran parte de los duros impactos ambientales que hoy vive la Colombia urbana y rural.
 
No podemos seguir contaminando de manera desenfrenada nuestras riquezas de agua dulce, así seamos uno de los principales países del mundo con ellas. La comunidad internacional se quejará algún día de manera contundente. Ya lo han venido haciendo los países de la cuenca desde hace décadas, por el im­pacto que el contaminado río Magda­lena ejerce sobre el mar Caribe. “Cómo  todos vierten a los ríos el alcantarillado crudo, entonces yo también”, parece que dijeran la mayoría de los alcaldes, que son los responsables de la dispo­sición de las aguas negras. Igual dirán los mineros ilegales, en zonas rurales, competencia de las CAR: “El río viene sucio, qué más da otro poquito”. Así mismo pasará con empresas localizadas en zonas urbanas que violan la norma de vertimientos y echan sus residuos lí­quidos al alcantarillado.
 
“Es hora de que los alcaldes dejen de soslayar su responsabilidad y acepten la culpa que tienen en la sequía que actualmente enfrenta
 el país”
 
El caso de los residuos sólidos tiene otro actor igual de negligente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sa­neamiento Básico. La CRA no ha adoptado una regulación con­tundente en materia de reciclaje y apro­vechamiento que sea útil para las alcaldías y provechosa para los operadores. Los comisionados no han podido salirse de “la caja”, siguen ha­ciendo análisis con paradigmas resuel­tos, como el del peso de la basura y dentro de éste la remuneración por el material reciclado. Deberían asistir a cursos de innovación y construcción colectiva de soluciones, pero acom­pañados de los operadores, porque parecen los primeros capturados por los segundos en detrimento de los intereses colectivos. Qué vergüenza Colombia sin un sistema de reciclaje de residuos domiciliarios que funcio­ne. Debería la CRA, al menos, obser­var los avances que ha tenido el país en el aprovechamiento de los residuos industriales, aunque estos podrían ser mayores.
 
Es verdad que la formulación de una po­lítica de agua potable, alcantarillado y aseo quedó en el Ministerio de Vivienda en la reforma del Presidente Santos, lo que corresponde a una visión anticuada que no propende por la sostenibilidad y es contradictoria con el “crecimiento ver­de” que establece el Plan de Desarrollo; sin embargo, es hora de que los alcaldes dejen de soslayar su responsabilidad y acepten la culpa que tienen en la sequía que actualmente enfrenta el país.

 

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