Domingo, 17 Diciembre 2017
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Nicaragua con criterios ambientales inferiores a los de Colombia, amenaza gravemente la Reserva Sea Flower. Desde Bogotá los análisis sobre el archipiélago han sido incompletos.

Desde 2014, la denuncia de Catorce6 del “fallo perverso” mostró un panorama que terminó cumpliéndose al pie de la letra: “el área que perdió Colombia, sobre todo en el sector norte, que limitaba con Honduras, era una gran fuente de ingresos por ser rica en productos pesqueros. Se prevé que habrá un fuerte impacto social y económico para muchas familias”, aseguró en ese entonces la profesora de la UN en el Caribe, Silvia Mantilla. Nada más cercano a la realidad.

“Ahora nos afecta a nosotros, pero los más afectados son nuestros hijos y nietos. ¿Qué pasará con ellos cuando se agoten las reservas pesqueras a las que tenemos acceso?”, se preguntaba Bayardo Martínez, de la sociedad Sealand, al mismo tiempo que pedía más atención de la dirigencia política en Bogotá.

Se necesitaron varios fallos adversos a Colombia y darse cuenta que los alegatos omitieron a las comunidades raizales para que el Gobierno escuchara a los San Andresanos. El pasado 22 de marzo se llevó a cabo una audiencia pública en Guatemala para atender la solicitud de opinión consultiva hecha por Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esta asistieron líderes raizales que presentaron las afectaciones actuales y las posibles consecuencias de los proyectos propuestos en la reserva. 

El proceso llevado a través de los años por Colombia la dejó en blanco frente al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, todas sus pretensiones en el litigio marítimo con Nicaragua han sido negadas, y pusieron en riesgo la sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental de los habitantes de San Andrés y Providencia. No sirvió de nada que el Estado se retirara en 2012 del pacto de Bogotá que reconoce a ese tribunal la capacidad de definir conflictos limítrofes.

Foto 2 pescadores San Andrés                                                         Foto: Agencia de Noticias Universidad Nacional

Solo después de esas tres decisiones en contra, el Gobierno de Juan Manuel Santos decidió escuchar a los raizales y las afectaciones que han sufrido durante los últimos años. Para eso, conformó una comisión de abogados, antropólogos y expertos internacionales de San Andrés para que lo asesoraran en la estrategia de defensa jurídica que ha encabezado, hasta ahora fallidamente, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta. 

Primero fue el perverso fallo de 2012 en el que La Haya le entregó 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua. Después de eso vino la salida de Colombia del pacto, sin embargo el año pasado la Corte falló doblemente en contra de la nación al declararse competente frente a la decisión que tomó hace 5 años, pero además al aceptar la nueva pretensión del Gobierno de Daniel Ortega de expandir su plataforma más allá de las 200 millas náuticas.

“Después de ese funesto 19 de noviembre, las grandes empresas pesqueras que estaban matriculadas en Colombia se vieron en la obligación de migrar hacia Nicaragua. Siguen pescando donde lo habían hecho durante décadas, pero ahora afiliadas a ese país” dijo la exsecretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, Silvia Montoya, confirmando las advertencias que se hicieron hace tres años.

La exgobernadora Aury Guerrero, quien tuvo que enfrentar las consecuencias del fallo, explica que para realizar una faena de pesca se necesitan como mínimo 120 millones de pesos, de los cuales 50 millones corresponden solo a la gasolina que requiere la embarcación, y como se redujo el espacio para pescar, no se alcanzan a cubrir los costos.

Al respecto el raizal Kent Francis James, uno de los asesores del Gobierno en la nueva contramemoria enviada al TIJ, le dijo a Catorce6 que los pescadores artesanales son los más afectados: “las áreas donde hacían sus faenas se han vuelto menos productivas y ahora tienen que ir más lejos y se han encontrado incluso con barcos de otras banderas que han llegado a sitios de disputa a aprovecharse también de recursos”.

Aunque casos como los de Antillana, la pesquera industrial más grande de San Andrés que cerró sus puertas y dejó sin trabajo a cerca de 300 personas, no se ha vuelto a presentar, las condiciones son difíciles. “Antes visitaba bancos de pesca, en el meridiano 82, y en una faena de 24 horas podría uno conseguir hasta 90 libras de pescado. Pero ahora ya no podemos ir. Todos pescamos en la misma zona y la demanda es mucha”, asegura Carlos Castaño, quien lleva 25 años en el oficio.

foto 5 Seaflower                                                                       
 Foto: Seaflower foundation

Pero no todo es tan malo, dicen algunos como Francis. Por ejemplo en el caso de las grandes empresas empacadoras de productos marinos “han tenido que cerrar, aunque no es del todo malo, porque esas empacadoras sobrexplotaban los recursos, no respetaban los tamaños, y afectaban muchas especies en el mar”.

Frente a esto, el pasado 10 de mayo se cumplió una reunión entre todo el grupo de raizales, el equipo de abogados, la canciller María Ángela Holguín y el presidente Juan Manuel Santos. Allí le expresaron su inconformidad por no haberlos escuchado en las anteriores demandas, e incluso por ni siquiera haber incluido la palabra ‘raizal’ en todas las argumentaciones anteriores a la contramemoria enviada el año pasado a La Haya.

Además, le dijeron al Gobierno que no solo la pesca se ha visto afectada. Everth Julio Hawkins, otro de los raizales que integran la comisión de asesoría le contó a Catorce6 que “se han afectado las relaciones raizales con la comunidad de la costa de La Mosquitia, se ha afectado la locomoción libre que se tenía de nuestros ancestros en esas áreas y obviamente se ha afectado la preservación del medio ambiente”.

Un proyecto a punto de empezar: acabar con Seaflower

Hawkins da una mirada general pero casi premonitoria del tema: “se ha afectado la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Solo con el hecho de que un Estado tiene unas políticas de respetar el acuerdo con la Unesco sobre la reserva de biosfera Seaflower y el otro no (Nicaragua), pues obviamente ahí se rompe la conservación. Por eso pedimos un acuerdo para la sostenibilidad en el Caribe”.

A eso se suma la advertencia de Coralina, a través de su director Durcey Stephens quien anticipa que “los impactos en la reserva marina son potenciales porque perdemos alrededor del 50% del territorio de la reserva y el 52% del área protegida marina… Además, hay otros riesgos potenciales como la advertencia de Nicaragua de construir un canal, lo cual tendría afectaciones en la calidad del agua”.

Foto 1 pescadores San Andrés                                                                              Foto: Cancillería

Y es que precisamente ese proyecto del canal parece estar cada vez más adelantado. Aunque se anunció desde hace tres años, finalmente el Gobierno de Ortega y su aliada, la firma China HKND, han señalado que las primeras obras se iniciarían en el “primer semestre de 2017”, lo cual no se cumplió pero que se espera no pase de final de año según información de la concesionaria.

“Los cambios en la calidad, la transparencia y la temperatura del agua podrían destruir el ecosistema Seaflower… Un nuevo canal de la magnitud de la que hablábamos canalizaría grandes buques de carga en la zona, y eso nos preocupa”, ha sostenido por otro lado  Francisco Arias Isaza, director de Invemar.

Como si el canal que ya está a punto de hacerse realidad fuera poca amenaza, las nuevas pretensiones del Gobierno en Managua para extender su plataforma marítima serían un golpe letal para la reserva si se tiene en cuenta que eso les daría derechos sobre el subsuelo y por ende abriría las puertas para explotación de gas y petróleo.

Leer más: Edición 41 - Fallo de la Haya contra la biodiversidad


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