En las últimas horas la Fiscalía, en un operativo conjunto con la secretaría de Ambiente, sellaron dos empresas que contaminaban el Río Tunjuelo, afectando a más de un millón de personas.
En el operativo de la Secretaria Distrital de Ambiente, la Policía Nacional y el CTI además se decomisaron 9 equipos que se usaban para extraer agua del caudal.
El agua utilizadas en este proceso, eran conducidas a través de canales y vertidas nuevamente al río Tunjuelito, pero ya iban acompañadas de material sólido y sustancias tóxicas por eso se revisaron tres predios, donde operaban empresas procesadoras de agregados de manera ilegal que contaminaban la parte alta del río Tunjuelo, en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana. Las afectaciones y la contaminación son evidentes en las fotografías.
La primera irregularidad, según las autoridades locales, es que las empresas Plantas de Agregados Cantarrana S.A.S. y Gravas del Tunjuelo S.A. no contaban con permisos de vertimientos, además de realizar un inadecuado manejo de residuos peligrosos que en su mayoría se disponían directamente en el río.
Foto: @CarabinerosCol
El balance general fue de 7 personas capturadas, 4 motobombas, 3 turbinas y 2 impulsores decomisados, el inicio de procesos administrativos contra los propietarios de las empresas y el sellamiento definitivo de las captaciones de agua del río y los vertimientos que lo contaminaban.
“A parte del delito ambiental las empresas violaban el sello que impedían su funcionamiento, implica fraude a resolución judicial, sello con los cuales se buscaba detener estos daños ambientales que están consagrados en el código penal”, advirtió el vocero del CTI.
Y es que algunos proceso por estas irregularidades comenzaron hace más de 20 años lo que quiere decir que las autoridades ambientales como la Secretaría y la CAR Cundinamarca se la pasaron dos decadas poniendo paños tibios sobre el problema en el sur de Bogotá.
La práctica ilegal afectaba alrededor de un millón y medio de personas que viven y trabajan en 5 localidades ubicadas cerca al río Tunjuelo como Usme y Ciudad Bolívar.
Por operar sin cumplir la normatividad ambiental y desacatar las medidas de suspensión impuestas con anterioridad, los responsables de este delito pueden pagar multas de hasta 3.500 millones de pesos y hasta 9 años de prisión.
