Miércoles, 22 Mayo 2019
Desde junio de 2012 la Gobernación había prometido una isla sin chatarra, pero según el Ministerio Público, esa premisa no se ha cumplido.
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La Procuraduría General envió una comunicación a los ministerios del Interior, Ambiente y Defensa; así como a la DIMAR, a la Gobernación de San Andrés y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (CORALINA), para que tome medidas inmediatas frente al manejo y destrucción de los vehículos, embarcaciones y maquinaria pesada abandonada en la isla.

Según el documento del Ministerio Público, estas entidades tienen un plazo de dos meses las autoridades deben realizar todas las gestiones para poner a disposición los medios de transporte marítimos necesarios para el retiro de la chatarra que viene contaminando los recursos naturales del archipiélago.

“La chatarra que no se está retirando oportunamente resulta en una afectación permanente y creciente de los recursos naturales, y de aquellos especialmente protegidos como los arrecifes de coral, pastos marinos, playas, bosques de manglar y de importantes recursos hidrobiológicos cuya afectación puede ser irreversible”, dice en el documento.

La Procuraduría recordó que el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina fue designado por la UNESCO en el año 2000 como como Reserva de Biósfera Seaflower, debido a las características ambientales, sociales y culturales que reúne, y sostuvo que este reconocimiento conlleva a responsabilidades del Estado en relación con la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética, así como en el fomento del desarrollo económico y humano sostenible.

Desde hace más de dos años el Gobierno departamental, en cabeza del suspendido Ronald Housni, prometió una isla sin chatarra. En un comunicado oficial se habla de la recolección de basura electrónica, pero no fue claro el plan para evacuar carros y embarcaciones que ya son chatarra y que van copando completamente la isla.










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