La sanción fue impuesta por la CAR a la empresa Invercot S.A.S, quien realizaba actividades mineras de extracción de materiales de construcción sin ningún tipo de autorización ambiental ni consideraciones sociales en los predios aledaños a la Ciudadela Sucre del municipio de Soacha. En el sitio se encuentran además mas de 20 piedras con arte rupestre y es un sitio venerado por dos grupos indígenas que han sido desalojados por los vigilantes de la empresa.
En marzo de 2013, empezó la investigación sobre la sociedad Invercot S.A.S , con una visita de campo de la CAR, en la que decomisaron 10 máquinas que utilizaban para actividades de extracción minera sin ningún tipo de autorización ambiental, la máquinaria que está avaluada por unos 3.000 millones de pesos apróximadamente, fue incautada de manera definitiva por la autoridad ambiental. Con esa visita, también constataron que la empresa estaba incumpliendo la medida preventiva de suspención de actividad impuesta en 2009 por la ejecución de actividades mineras extractivas.
Un grupo de profesionales en materia ambiental y legal, que representaron a la autoridad ambiental, estudiaron los hechos y procedieron a formular cargos a los presuntos infractores, quienes después de un largo procedimiento, y de agotar todos los recursos legales, concluyeron en declarar culpable al señor Carlos Arturo Toro Cadavid y a la Sociedad Invercot S.A.S; por medio de la Resolución 2691 de 2016.
Foto: Cortesía CAR
La empresa tendrá que pagarle a la autoridad ambiental cerca de siete mil millones de pesos, como multa a los daños generados entre el 2013 y 2015, cifra que hasta el momento es la más alta en la historia de Colombia por una Corporación Autónoma Regional.
Desde hace varios años se venían haciendo denuncias a esta actividad minera por parte de la comuidad, pues es un lugar venerado por diferentes grupos indígenas, ya que allí se encuentran 20 piedras con arte rupestre y resulta ser una montaña sagrada para la comunidad; sin embargo, en muchas ocasiones el líder de la comunidad fue desalojado del lugar por los vigilantes de la cantera Invercot.
La tensión entre la comunidad muisca y la cantera se intensificó desde 2013 por la desaparición de cinco piedras sagradas, registradas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia como “bienes de valor arqueológico y cultural”. Los habitantes aseguraban que los trabajadores de la cantera sepultaron las piedras o las hicieron estallar con dinamita para avanzar sobre el área arqueológica y poder explotarla.
Como medida compensatoria se impuso la ejecución de un plan de trabajo para la Reconformación y Rehabilitación Paisajística y Ambiental de las zonas afectadas con las infracciones ambientales cometidas, señaló el director general de la CAR, Néstor Franco González.
Foto: Cortesía CAR
