La edificación llamada "El Bambu" deberá ser demolida en los próximos meses por afectar la Reserva Forestal de los cerros orientales de Bogotá, además de la millonaria multa que deberá pagar la empresa encargada de su construcción.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ordenó la demolición de la construcción ilegal el Bambú y determinó la responsabilidad de la Comercializadora Kaysser Ck S.A.S de cuatro cargos por afectación ambiental en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, así como el pago de $463,664,330 millones de pesos a la CAR por la afectación ambiental generada a la reserva y realizar la recuperación ambiental de la zona afectada.
La Reserva se localiza sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, siendo éstos parte del sistema orográfico y de la Estructura Ecológica Principal Distrital. Por su ubicación estratégica, facilitan la conexión regional con los Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz. Por su estructura y función biofísicas, las políticas públicas nacionales, regionales y locales los han designado como un espacio clave de conservación.
Foto: Cortesía CAR
La comercializadora cuenta con un plazo máximo de seis meses para realizar la demolición de la estructura, siguiendo los métodos y parámetros técnicos que garanticen el menos impacto posible al medio. También, se les impusieron unas medidads de compensación forestal que involucra la siembra de especies de porte arbustivo en un área de 11372.4 metros cuadrados.
Para la demolición se utilizarían explosivos controlados, pues después de analizar y evaluar técnicamente aspectos como la incidencia del proyecto en el medio, ruido, vibraciones, polvo, emisión de partículas, residuos tóxicos y residuos sólidos, se determinó que era el método que garantizaba menor impacto a la reserva.
El proceso sancionatorio ambiental a la Comercializadora Kaysser Ck S.A.S es el primero de otros ocho que está realizando la CAR Cundinamarca a construcciones ilegales en la misma área protegida, en el sector de Bagazal. En el estudio del proceso intervinieron diferentes profesionales de ciencias ambientales y abogados de distintas ramas especialistas en régimen legal de áreas protegidas.
