La normatividad expedida por el Ministerio de Ambiente busca reducir la contaminación por vertimientos, descontaminar ríos, quebradas, humedales y mejorar la calidad del agua.

Por Narda Ardila

Medellín, Antioquia. Los culpables de vertimientos ilegales en la capital antioqueña pueden recibir multas,
el cierre del establecimiento o la revocatoria de la licencia ambiental. / Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Escasos de oxígeno van fluyendo la mayor parte de ríos del país. De los 25 mil cuerpos de agua que hay en Colombia, los más cercanos a las ciudades con mayor densidad han sido los más afectados por contaminación.

Así lo mostró el estudio Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, una radiografía del estado actual de las cuencas que precisa las variables de mayor influencia que han disminuido la calidad del agua: niveles de sólidos suspendidos totales, coliformes, hidrocarburos y fósforo. El resultante, los vertimientos descontrolados de sustancias nocivas para la vida humana y animal.

El panorama revelado tras el análisis de 396 cuencas muestra que, a nivel nacional, la mayor demanda de agua es la del uso agrícola con el 54 por ciento, seguido del doméstico con un 29 por ciento y el industrial con el 13 por ciento.

Con este panorama surgió la Resolución 631 de 2015, emitida recientemente por el Ministerio de Ambiente, que pone en la mira a todos los vertimientos puntuales en el país. Se trata de una norma técnica que demoró cuatro años de trabajo, se construyó con participación de los gremios, se realizaron cuatro consultas públicas y dos consejos técnicos asesores para su expedición. En la estructuración se tuvieron en cuenta experiencias internacionales, la información aportada por las autoridades ambientales, los sistemas de tratamiento como el tipo, tecnología, vida útil y la producción.

“Con la nueva norma, quien venía causando una contaminación
específica debe comprometerse a removerla a unos niveles aceptables,
aquí se le da la oportunidad de ajuste”
Luis Alfonso Escobar, director de la Oficina de Gestión del Recurso Hídrico de Minambiente

Si bien no todos los ríos están altamente afectados, sí lo están las principales cuencas del país. Por ejemplo, la cuenca alta del río Magdalena se sitúa entre las de mayor afectación, especialmente sobre los municipios de Apulo, Tocaima y Girardot. En el Magdalena Medio, la calidad promedio es mala a su paso por Barrancabermeja, Puerto Triunfo y Puerto Salgar, donde las actividades socioeconómicas aportan niveles significativos de demanda química de oxígeno (DQO), sólidos en suspensión y algunas veces de conductividad eléctrica.

Por su parte, en el bajo Magdalena, desde la población de El Banco, pasando por la zona de sedimentación en la depresión Momposina hasta la desembocadura en el mar Caribe, el aporte de sólidos suspendidos provenientes de la cuenca media es el factor que más influye en la mala calidad del índice: unas 200 toneladas al año.

El panorama para el Cauca indica que hay municipios cercanos a Popayán afectados por el impacto del relleno sanitario de la ciudad.

En el nororiente del país, en la cuenca del Catatumbo, las condiciones de calidad se deben a tributarios como el río Pamplonita, cuya afectación se debe a vertimientos domésticos de Cúcuta y Chinácota y el río Zulia a su paso por el municipio de San Cayetano. El río Sogamoso recibe al Chicamocha, que atraviesa una zona industrial muy erosionada. Su calidad oscila entre regular y mala cuando atraviesa por los municipios de Tuta, Nobsa, Covarachía, Jordán y Puerto Wilches.

En el oriente del país, los aportes de Villavicencio se notan más en la época de niveles bajos por la afectación de las corrientes Guayuriba y Guatiquía. Más adelante, el río Meta ve afectado su cauce por los vertimientos y actividades ganaderas en los municipios de Puerto López y Puerto Carreño.

Los ríos Ranchería y Carraipía, así como el río Cesar aguas abajo de Valledupar, son altamente deficitarios en sus rendimientos hídricos, presentando en época seca desaparición de sus cursos de agua (intermitentes), con caudales que varían desde menos de 5 m³/s en la estación de mayor elevación, hasta 100 m³/s en las estaciones aguas abajo. Los bajos caudales hacen muy vulnerables estos ríos a la presión de las actividades socioeconómicas circundantes.

Para no quedarse en los 70
El Decreto 1594 de 1984 definía los límites permisibles para el vertimiento o descarga de residuos líquidos a un cuerpo de agua o alcantarillado sanitario. Este fue pensado para la realidad colombiana de los 70, con un saneamiento básico deficiente: “Existían pocos acueductos y pésimos alcantarillados. No había plantas de tratamiento, los rellenos sanitarios apenas se estaban conformando. El marco normativo evolucionó y lo hizo para adaptarse a las condiciones que necesita el entorno”, afirma Carlos Arturo Álvarez, ingeniero químico de la División del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente.

La presión sobre los cuerpos de agua aumentó por el crecimiento poblacional y la prioridad se convirtió en darle agua potable a las personas, “pero cuando se suministra agua también hay que recoger las aguas servidas”, agrega Álvarez.

Así, la política definió seis estrategias de gestión: calidad, oferta, demanda, fortalecimiento institucional, gobernanza y riesgos. Para el tema de calidad se actualizó la norma de vertimientos y como propósito principal se trazó la necesidad de reducir la contaminación desde el origen de los vertimientos para reducir la contaminación del país y mejorar la calidad del agua para los diferentes usos.

La esencia de los cambios
La nueva resolución obliga pasar de una unidad de medición de seis parámetros para llegar a medir 56 variables de control según actividad productiva. Ya no se mide en kilogramos por día, sino en miligramos por litro. Entre los parámetros se destacan los aspectos fisicoquímicos, metales, metaloides, iones, compuestos de nitrógeno y fósforo, hidrocarburos, plaguicidas y microbiológicos.

La norma anterior les exigía lo mismo a todos los sectores productivos. No distinguía si se fabricaban carros, papel, textiles o cuero. “Ahora lo que se propone es, por ejemplo, ustedes, señores del cuero, tienen que cumplir con estos parámetros y la norma se vuelve específica para cada actividad, sin importar su tamaño. Es decir, la curtiembre tecnificada y la no tecnificada deben colocarse en los mismos niveles de tecnificación para la producción”, dice Escobar.

Antes, las aguas se clasificaban en domésticas e industriales y las otras solo consideraban el sector comercio, institucional o educativo sin mayores detalles. La nueva clasificación tiene en cuenta las aguas residuales domésticas y las aguas residuales no domésticas e identifica en cada caso el esquema de gestión. Una de las ventajas es que se pueden conocer los vertimientos puntuales, y se precisa el punto exacto de descarga al agua o al alcantarillado.

La norma también introduce el concepto de zona de mezcla térmica, que es la zona del cuerpo de agua donde cae el vertimiento frío o caliente produciendo un cambio de temperatura que no puede ser mayor a cinco grados. En todo caso, el vertimiento no puede ser mayor a 40 ºC. Según Álvarez, este nuevo criterio busca proteger recursos como flora y fauna acuática.

Bogotá cuenta con 200 cuerpos de agua, entre quebradas, ríos y canales. Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y
Usme son zona de reserva: En ellas nacen la mayoría de los ríos y quebradas de la ciudad. / Foto: Andrés Henao Álvarez

Con la corriente del mundo
De acuerdo a compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia tomó la decisión de disminuir el consumo de agua por unidad de producto. “Éramos los más rezagados del vecindario en América Latina. Ahora quedamos a una altura equiparable con otros países.” afirma Álvarez.

El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Andi, Carlos Manuel Herrera, explica que las empresas colombianas harán una inversión de más de 1.000 millones de dólares en tecnología y reconversión. “Nosotros apoyamos la norma, es exigente pero cumplible. Hay una etapa inicial de inversiones y luego vendrá una etapa de operación. La descontaminación vale la pena, ya no se pueden hacer negocios sin preocuparse por el medio ambiente”, argumenta.

A futuro, el Ministerio de Ambiente espera definir unos criterios similares a la Resolución 631 del 2015 para vertimientos al mar, dependiendo de la actividad, debido a que el agua de mar es diferente al agua dulce. “Para finales de 2015 debe quedar listo en un escenario muy optimista”, asegura el Director de la Oficina de Gestión del Recurso Hídrico de Minambiente. “Con esta tendencia, nosotros debemos tener resultados medibles y cuantificables en un orden de cuatro a cinco años. Podremos tener un mejoramiento en la calidad de los cuerpos, en la medida en que el crecimiento de las ciudades y la planificación territorial lo permitan”, explica Carlos Arturo Álvarez.

El total del caudal de aguas residuales generado por los centros urbanos es de 67 m³/s.
Fuente: Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales (PMAR) 2004. / Elaboración propia

Los problemas de la norma
El ejercicio de la autoridad ambiental, que corresponde a las CAR, ha sido débil frente al cumplimiento del cuidado de los afluentes. Según el hidrólogo Óscar Mora, para recuperar un río la norma no es suficiente; ayuda mucho, pero hay que tener en cuenta el ordenamiento territorial. “No solo se debe mirar el tramo que se vierte, sino en general toda la cuenca del río, y que se articule un vertimiento cuenca arriba y los siguientes abajo”.

Existe una desarticulación muy grande entre las alcaldías y los caseríos, “es necesaria una articulación del gobierno local, regional y nacional. Desafortunadamente, las autoridades ambientales no van muy frecuentemente, y cuando lo hacen, el vertimiento ese día sí está como la norma lo manda, pero en general no es así”, comenta Mora.

El hidrólogo afirma que para restablecer un río se necesitan acciones integrales como recuperar su capacidad hidráulica de transporte, respetar la ronda de protección, tener en cuenta el ordenamiento de la cuenca, la educación ambiental, la instalación de pozos sépticos, la captación de residuos sanitarios, el tratamiento de las aguas residuales y la reforestación en la parte alta de las cuencas.

Los críticos de la medida hablan de la falta de claridad en su implementación. Rafael Oyaga, abogado especialista en análisis y gestión ambiental de la Universidad del Norte de Barranquilla, dice que no son claros los tiempos para que sectores como la minería e hidrocarburos establezcan la línea base de sus parámetros. “No se establece con seguridad si son cinco o diez años, lo que no es beneficioso para el medio ambiente”, señala.

Según la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental de la CAR Cundinamarca, algunos de los parámetros no contribuyen al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la Corporación para las cuencas de segundo orden en su jurisdicción.

Para Minambiente, es natural que haya críticas a una medida que apenas se está conociendo, por eso ha planeado la realización de 65 talleres en todo el país. Según Luis Alfonso Escobar,se han recibido 150 derechos de petición, principalmente solicitando información sobre la clasificación en la que quedaría su empresa según el sector económico. En el Ministerio esperan que después de esos talleres, usuarios y autoridades encuentren instrumentos para mejorar su desempeño.