Durante 18 meses conversaron para llegar al acuerdo de las inversiones sociales y ambientales que se harán en las áreas de influencia de la empresa.
Foto: Área de influencia Cerro Matoso /Diario La Piragua
Siete comunidades indígenas y dos afrocolombianas protocolizaron las consultas previas ordenadas a Cerro Matoso por la Corte Constitucional en la sentencia T-733 de 2017.
En los acuerdos entre la comunidad y la compañía, se establecieron medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales. Además, de manera voluntaria, se amplió el objetivo de las consultas para cubrir el análisis de los potenciales impactos socioeconómicos y culturales y una fase de post-consulta para garantizar la correcta y cumplida ejecución de los acuerdos.
También de manera voluntaria, la empresa realizó una consulta previa con una comunidad afro, solicitada directamente por la compañía al Ministerio del Interior, y la socialización (con similares protocolos al proceso de consulta previa), a seis comunidades no étnicas organizadas en juntas de acción comunal, proceso que finalizará en el mes de octubre.
El acuerdo, que incluye una inversión social de más de $73 mil millones de pesos en los próximos 25 años, es el resultado del diálogo social que inició Cerro Matoso en octubre de 2013 para generar confianza entre las partes y así establecer una relación armónica con las comunidades vecinas a la operación minera.
Así mismo, Cerro Matoso informa que "las inversiones realizadas en estas comunidades en los últimos años han permitido llevar el índice de pobreza multidimensional a 7.8 puntos por debajo del índice nacional para población rural de similares características, lo que se constituye un logro muy significativo de la gestión social de la empresa, que impacta positivamente la calidad de vida de nuestras poblaciones vecinas".
El acuerdo incluye una inversión social de más de $73 mil millones de pesos en los próximos 25 años y una inversión en medidas ambientales de más de $75 mil millones de pesos, entre los cuales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación.
Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.
“Hoy estamos demostrando que cuando dialogamos, nos escuchamos y nos entendemos el uno al otro, generamos confianza, nos reconocemos, nos volvemos más humanos y nos honramos mutuamente”, dijo Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.
Foto: El Heraldo
Los programas de inversión social acordados, según las necesidades de cada una de las comunidades, incluyen propiedad colectiva de tierras, programas de educación para jóvenes y adultos, acceso a agua potable, mejoramiento de viviendas y proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos, con el fin de mejorar aún más la calidad de vida de los miembros de las comunidades. El acuerdo alcanzado da acceso inmediato a las comunidades étnicas a más de 400 hectáreas de tierra, y crea un fondo para la adquisición de estas.
De manera puntual, los acuerdos incluyen una inversión en medidas ambientales de más de $75 mil millones de pesos, entre los cuales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación. Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.
Los programas ambientales también incluyen la certificación de decenas de técnicos ambientales de las comunidades consultadas, a través de programas del SENA, y de diplomados universitarios como veedores ambientales. Además, una universidad externa calificada, junto con los técnicos y veedores comunitarios, conducirá un estudio cada dos años para analizar los resultados de los monitoreos que se realizan de los diferentes componentes ambientales.
En las últimas horas, la firma De la Espriella Lawyers Enterprise señaló mediante comunicado de prensa que, a través de esas consultas previas lograron que "la multinacional pagara 160 mil millones de pesos como compensación a las comunidades indígenas ante la afectación a su salud y en general al medio ambiente".
En 2018, la Corte Constitucional tumbó la reparación económica que inicialmente había ordenado para las comunidades indígenas, al menos 3.000 personas, a lo que el abogado Abelardo de la Espriella alegó que continuaría el litigio por las afectaciones a la comunidad. Hoy anuncia que procederá a formular la demanda de reparación administrativa ante la jurisdicción contenciosa administrativa, cuya pretensión económica supera el billón de pesos.
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