Mientras el Gobierno, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Tomás González, se ha declarado preocupado por lo que la suspensión de actividades de la hidroeléctrica de El Quimbo podría significar para el sistema energético nacional en medio del fenómeno de El Niño, algunos ecologistas celebraron la decisión de la Corte Constitucional, que ordenó a la compañía Emgesa cesar todo tipo de generación en la planta.

La orden busca hacer cumplir una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, aceptando una acción popular que denunció el incumplimiento por parte de la empresa del manejo ambiental adecuado para la puesta en funcionamiento de la planta eléctrica. El fallo ordenó además retirar la masa forestal y la biomasa de la represa.

Ante la decisión del Tribunal, el Gobierno emitió un decreto, amparado en un estado de emergencia por la situación de la frontera, autorizando la puesta en marcha del proyecto “con el fin de suministrarle cantidades de agua suficientes al río Magdalena para elevar el nivel del mismo para que las barcazas puedan transportar el combustible de la refinería de Barrancabermeja a los municipios ubicados en la frontera entre Venezuela y Colombia”.

Este decreto fue el que la Corte Constitucional declaró inexequible, aduciendo que el Ejecutivo no puede ignorar una decisión judicial, y por lo tanto ordenó a la compañía española suspender indefinidamente el llenado de la represa.