Martes, 22 Enero 2019

Escrito por Gerardo Viña Vizcaíno
Biólogo Marino, Experto en Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Productivo

 
GerardoViña Londres 2015 01
 

Por años, ante posiciones a veces radicales de grupos ambientalistas, comunidades o actores sociales locales, varios proyectos de desarrollo (designados como de interés Nacional en función de las normas que los amparan), vienen experimentando profundas dificultades en su viabilidad.  A ello se suman las decisiones administrativas de varias entidades ambientales públicas, que no obstante haber otorgado las Licencias Ambientales (LA) requeridas, revocan éstas en respuesta a oposiciones posteriores, con la correspondiente inseguridad jurídica que ello depara y los riesgos de demandas contra la Nación que representan.

La pregunta es si, dadas las quejas y oposición crecientes, particularmente contra proyectos extractivos (petróleos y minas), obras de infraestructura (vías, puertos, aeropuertos) y el sector eléctrico (hidroeléctricas y térmicas), que se reconoce, sustentan en gran medida la economía del país y dependen ciertamente de los recursos naturales renovables y no renovables asociados, ¿resultaría viable suspender la extracción de recursos no renovables y así mismo, limitar el desarrollo de la infraestructura y la expansión energética en pro de la preservación inmaculada del medio ambiente?

Frente a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que motivan las LA, cuya función es la de orientar ambiental y socialmente el desarrollo de los proyectos, más allá de discutir su legitimidad, vale reconocer que, ante el limitado conocimiento disponible del medio natural, los mismos resultan vagos e incompletos, generando conflictos profundos que, soportados en discursos mediáticos muchas veces carentes de bases científicas, desembocan en fracasos. Pero los problemas no reposan sólo en los EIA y los proyectos que los motivan, sino en las fallas del Estado para ordenar integralmente el territorio y con ello, generar un modelo que propenda por un equilibrio mesurado incluido el respeto por la naturaleza y la población, que, sin frenar el desarrollo, reconozca la sostenibilidad y cuidado del ambiente como las bases para la viabilidad económica y social del País.

Por ello, ¿será que llegó la hora de repensar las LA y considerar que más importante que los EIA de los proyectos, resulta imperioso asumir el crecimiento desde una perspectiva ambiental estratégica, donde se articulen y ordenen los sectores que modelan el desarrollo del país?; precisamente al reconocer que, por no considerar las limitaciones que el medio natural impone a las metas de desarrollo trazadas, las mismas nunca serán alcanzadas y el costo a pagar enorme.

A este respecto, si bien hoy es clara la necesidad de un reajuste normativo de las políticas y procedimientos en materia minero-energética, industrial, de infraestructura, de poblamiento, agrícola y ambiental; y con ellas, las que ordenan y promueven la integridad del territorio, ciertamente estas deberán revisarse con visión estratégica, en particular si se reconoce el bajo cumplimiento de las normas hoy vigentes, fortaleciendo la capacidad ciudadana de cumplir los nuevos postulados y comprometiendo su vocación de aceptar los retos que impone el cambio.

El reto, aceptar que la visión sobre el rol de la naturaleza frente al desarrollo del país, debe analizarse con visión estratégica, sin supremacía y con un criterio de sostenibilidad, donde se definan las bases que ordenan el territorio y el acceso a los recursos naturales y el devenir económico y social de la Nación, previo a impulsar los proyectos. Si esto ocurriera, ¿entonces las LA para que se requieren?

 
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