La Constitución Política colombiana definió claramente las competencias de cada una de las autoridades en materia ambiental. Es al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la ANLA y a las CAR de acuerdo al tamaño y características de los proyectos, a quienes les corresponde definir si las licencias o los permisos ambientales que se han otorgado responden a las normas establecidas para asegurar un medio ambiente sano. De otra parte, la misma carta política le exige a la Contraloría ejercer la vigilancia sobre los recursos públicos y el patrimonio natural de la nación, lo mismo que a la Procuraduría ejercer el control disciplinario sobre las autoridades públicas y sus funcionarios. Qué no decir de la Fiscalía General de la Nación que tiene la función en materia ambiental, de perseguir el delito y castigar ejemplarmente a los responsables.

A pesar de la claridad de los mandatos constitucionales y de la audacia pública de quienes hoy dirigen los tres órganos de control, lo que sigue pasando con la gestión ambiental en la mayoría de las regiones del país, es lamentable. Seguimos con unas autoridades ambientales donde la corrupción se pasea por licencias, permisos, trámites, nombramientos, contratos… sin embargo no se conoce en la última década resultados de las investigaciones sobre la manera como se están otorgando o demorando decisiones en manos de funcionarios de todos los niveles en las CAR. Los mismos usuarios de los servicios de las autoridades ambientales prefieren no denunciar porque no han visto la eficacia de quien investiga y temen represalias en las decisiones finales.

El país sabe cómo desaparecen como por arte de magia recursos de reforestación, de saneamiento ambiental o de fortalecimiento institucional en muchas de nuestras CAR, mientras los entes de control sin tener la capacidad técnica evalúan calidad de vertimientos o de emisiones de proyectos de industria. La eficacia que le hemos visto a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía en el seguimiento de la gestión municipal o departamental, no se nota en el control que debe hacer a las autoridades ambientales, a pesar del permanente reclamo que sobre la gestión de estas vienen haciendo ciudadanos e industrias.

La reforma de las CAR que tantos reclaman siempre que hay una catástrofe natural o un nuevo escándalo de corrupción, sería innecesaria si la Procuraduría actuase permanente y eficazmente sobre quienes demoran un pronunciamiento ambiental para obtener un beneficio de quien lo espera. De igual manera si la Fiscalía lograse judicializar uno o dos casos de corrupción de funcionarios de las CAR, el chantaje por un permiso o licencia seguramente ya hubieran sido erradicados de las prácticas del sector ambiental. Igual sucede con el ámbito de la Contraloría. Por eso, mientras se discute el alcance de la reforma a las CAR que sigue aplazándose, estos tres órganos podrían estar actuando para producir los resultados que podrían incluso hacer la misma reforma innecesaria… sólo falta la voluntad y la decisión de hacer lo que la ley manda, empezando por los que tienen el mandato de hacerla cumplir.