El tráfico ilícito de especies maderables en peligro de extinción y amenazadas como el abarco, el cedro, el roble, el laurel, entre otros, preocupa a las autoridades ambientales, pues la problemática sigue latente.
Según reportes del Banco Mundial del 2006, en Colombia el 42% de la madera que se explota es ilegal, cifra que hoy, diez años después, sigue preocupando, pese a los pactos y al control que se ejerce sobre esta poderosa actividad.
La situación se puede evidenciar si se contemplan casos como los de Antioquia, donde según Corantioquia y la Policía, desde 2012 se han incautado 3.044,69 metros cúbicos de madera ilegal, lo que equivale a cargar totalmente 76 tractomulas.
Aprovechamiento ilegal de madera atenta contra los servicios ecosistémicos y los efectos van desde lo económico, lo social y lo cultural / Foto: Corantioquia.
Carlos Andrés Naranjo, subdirector de regionalización de Corantioquia, indica que “cada vez hay una presión mayor por el bosque y desafortunadamente se siguen presentado este tipo de acciones”.
Pero, ¿por qué la madera que es una actividad económica que azota el medioambiente con tanta fuerza? La respuesta está principalmente en que no se portan documentos que acrediten la procedencia legal de la madera y se movilizan especies diferentes a las autorizadas, entre otras causas.
El Gobierno Nacional avanza en el Pacto Intersectorial con el que quiere asegurar hasta 2018 “que la madera provenga exclusivamente de fuentes legales en toda la cadena productiva, desde su extracción, transporte, transformación, comercialización y uso”.
