Aunque se puede decir en una simple frase, la tarea que tienen pendiente los municipios y distritos este año es quizá la más compleja y difícil de la que muchos de ellos tengan noticia: ‘timonear’ la estrategia para su desarrollo sostenible. Hace 16 años, la ley 388 de 1997 les ordenó a las autoridades locales formular su propio Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una carta de navegación con temas tan complejos como armonizar los distintos usos del suelo, la forma en que se garantiza el saneamiento básico, las áreas de protección ambiental, los servicios públicos, la calidad de vida o el espacio público. Y aunque en la teoría los POT garantizaban el desarrollo y se trataba de una herramienta de urbanismo idónea, en la práctica las cosas podrían ser diferentes, a juzgar por las encuestas de percepción ciudadana o las que miden temas trascendentales como movilidad, seguridad o ambiente. Bogotá, por ejemplo, padece de un descontento generalizado -según la encuesta de Percepción de la red Cómo Vamos 2012- . La capital, en compañía de Cartagena y Cali, lideran las ciudades menos optimistas del país, ítem en el que también aparecen Manizales y Medellín liderando las más optimistas.
A eso se suman irregularidades denunciadas en no pocos procesos aprobatorios de POT. “En el concejo, los alcaldes se enfrentan a intereses económicos de élites y otros grupos que se aprovechan de la falta de reglamentación, y a los chantajes de los concejales que piden puestos”, le dijo una fuente a Catorce6. El debate no es minúsculo dadas las grandes diferencias sociales, culturales y económicas y la obligación que tienen concejales y gobernantes de propender por escalas de ordenamiento territorial consecuentes con el territorio y con cada situación particular. Ese es el postulado central de Augusto Pinto Carillo, Subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación. “El POT sigue siendo una figura muy válida con principios muy bien sustentados y buenos propósitos, que hay que revisar. Eventualmente habrá que ajustar algunos alcances”, advirtió. Algo similar plantea la directora departamental de planeación de la Gobernación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa. “Hay administraciones que demuestran que el instrumento sí funciona. Sin embargo, para nosotros el problema no es del instrumento en sí mismo, sino la forma en la cual se ha desarrollado y aplicado”, dice. Antioquia, precisamente, protagoniza uno de los casos polémicos. Ramos explicó que en ese departamento el problema más grande está en los conflictos de los usos potenciales del suelo, de aquellos para los cuales son más aptos, y los usos reales. “Por ejemplo, según dijo la funcionaria, el 46 por ciento del departamento tiene su territorio solicitado en concesiones mineras”, aseguró. Y agregó: “Si efectivamente se materializan, significa que la mitad del territorio perdería su capacidad agroecológica; por lo tanto, no podríamos tener ningún tipo de cultivos, no podríamos tener nada pecuario, no podríamos tener bosques. El gran reto es compaginar esas diferentes actividades que son importantes, pero que también garanticen una sostenibilidad y una armonía con el medio ambiente, que es algo relativamente fácil de decir y muy difícil de lograr”. Y debates similares se viven a lo largo y ancho del país. Aquí una mirada a algunos de ellos.
Cartagena: a merced del Clima
La capital de Bolívar es quizá uno de los casos de mayor retraso en la formulación del POT en parte por la ingobernabilidad: la heroica, que tiene uno de los metros cuadrados más caros del país, ha tenido cinco alcaldes en menos de un año. Eso es muy grave para una ciudad cuya fiebre de construcción a menudo impera sobre su necesidad de conservación. De hecho, cientos de metros cuadrados de manglar han sido removidos para darle paso a diversos desarrollos turísticos, con vista al mar. No obstante, y de acuerdo con Merys Castro Pereira, de la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena, la ciudad se concentra en dos asuntos prioritarios, ambos relacionados con fenómenos climáticos: Adaptación al Calentamiento Global y Gestión del Riesgo. La idea, según dijo recientemente a medios locales, es finalizar un diagnóstico en esos dos temas durante este año, con el fin de iniciar, en enero de 2014, el proceso de formulación del documento.
Barranquilla: proliferan construcciones sospechosas
Al cierre de esta edición, el POT de Barranquilla no había sido presentado. La alcaldesa Elsa Noguera, sin embargo, había señalado que el documento final estaba casi listo. Como sea, el debate giraba en torno a las construcciones ilegales y desordenadas en la ciudad. “Barranquilla en materia urbanística es un desastre”, dijo recientemente la concejal Esther Molinares en un evento público en el que se discutió en qué va el POT. “En la ciudad de manera sospechosa han proliferado construcciones de todo tipo como bares, cantinas, casinos, casas de cita y negocios comerciales”, denunció la cabildante. El secretario de Planeación, Miguel Vergara, dijo por su parte que para el Concejo y la Alcaldía el nuevo POT será “el documento más importante e histórico de esta Administración”.
Cali: apunta a la redensificación
“La ciudad está creciendo encima de sí misma y lo hace de manera informal y desorganizada. Por tal razón, la principal apuesta en edificabilidad del POT 2013 de Cali apunta a la redensificación y a la eliminación del tope de densidad POT 2000 de edificabilidad permitida”, sentenció hace unos días el director de Planeación, Óscar Pardo, para referirse al primer diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ese mismo documento, que la Alcaldía presenta al concejo, establece que una de las prioridades de la ciudad en materia de urbanismo es la densificación del centro de la ciudad, que hace apenas una década empezó a tener cambios drásticos dada la aparición del MÌO, y la creación de una nueva zona de expansión en 1.600 hectáreas hacia el sur. El subdirector del POT de Cali, León Darío Espinosa, pronosticó que de cumplirse los objetivos, Cali mejoraría la movilidad y los servicios urbanos. “Los planos de la ciudad cambiaron y la Alcaldía quiere hacer un diagnóstico exacto que debe articularse con la actualización catastral y el cambio de usos del suelo, de allí la demora en la entrega del POT al Concejo”, agrega Espinosa.
Medellín: lo verde es prioridad
Dos megaobras conforman los planes de Medellín y del alcalde Aníbal Gaviria. Se trata del Cinturón Verde que rodee el Valle de Aburrá y del Parque del Río Medellín, obras que afectarían radicalmente las generaciones de los próximos 200 años, según ha dicho el alcalde Gaviria. El cinturón, según Juan Manuel Patiño, subdirector de Planeación, frenaría la expansión urbana y recuperaría zonas de alto riesgo. Y el otro recuperaría el espacio público al borde del río y convertiría el afluente en eje articulador de la ciudad.
Bogotá: debate candente
La mayor temperatura del debate por cuenta de los POT ha sido protagonizada, sin duda, por la capital de la República. Inicialmente el artículo planteado por la Alcaldía al Concejo, en el que se permitía la prostitucion en centros comerciales (según se lee textualmente en el documento) generó una polvareda. No obstante, ese podría ser un simple enredo de percepción, según dijo Petro después. “El artículo trata que en zonas de tolerancia que se restringen en número, pueda también restringirse la prostitución en la calle”, aseguró en su cuenta en Twitter. Agregó: “El POT se atreve a reglamentar una actividad que hoy es desordenada y abierta a toda clase de personas e incluso lugares”. Pero esa puede ser una polémica menor. Al cierre de esta edición, por ejemplo, el exministro del Interior, Germán Vargas, había anunciado más de 80 críticas al documento. A esas habría que sumar la del concejal Jairo Cardozo que, al cierre de esta edición, había denunciado que la propuesta de modificación excepcional del POT entregada al Concejo desaparecía 26 hectáreas del parque Simón Bolívar, uno de los pulmones de Bogotá. No obstante, lo grueso del polémico POT estaba en la idea de una ciudad compacta del alcalde Petro, idea que implica tumbar edificaciones y hacer otras o renovar las existentes. Eso incrementaría el precio de las unidades a vender. La polvareda esta vez la levantan quienes dicen que no se podrá conducir por las calles y los constructores, que quieren que se habilite suelo en la zona norte y sur. Las críticas arreciaban.
