¿Mala planeación o comunidades en contra del desarrollo? La construcción de la represa ha generado una movilización comunitaria sin antecedentes en el Huila. Historia de un proceso que del acuerdo pasó a la confrontación.
REDACCIÓN / CATORCE6
El 15 de mayo de 2009 es el día que habitantes de la región del Quimbo, en el Huila, no quieren olvidar. Ese día cambió la vida de muchos luego de enterarse que el Ministerio de Ambiente había otorgado la licencia ambiental de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo concesionada a la empresa Emgesa.
Según Miguel Rodríguez, miembro de la Asociación de Agroempresarios Afectados por el Quimbo (Agroeq), la noticia de la construcción del embalse fue una verdadera sorpresa para los habitantes de la zona centro donde habita. Reuniones de casa en casa por parte de la empresa se convirtieron en el plato del día para los habitantes de Garzón, Gigante y el Agrado.
Todos los pobladores hablaban sobre la noticia. “La mayoría pensó que el proyecto iba a traer beneficios a la región rapidamente”. Se imaginaban con tierras valorizadas, mejoramiento de las vías y los servicios, hasta casas nuevas y reasentados en mejores condiciones. “Sin embargo, yo no creí en aquel proyecto desde un comienzo”, comenta Miguel, quien se fue convirtiendo de líder cívico y a líder político de su municipio.
Por eso él y otros 40 propietarios de fincas en la zona, que representa más de 1.000 hectáreas, se reunieron para crear Agroeq, un movimiento social de los propietarios de pequeñas granjas que van a ser inundadas si se construye la represa.
Al igual que Miguel, Alejandro Ordoñez, otro de los habitantes de Garzón, estaba escéptico cuando le llegó la noticia sobre el proyecto. “Yo fui el primero que dio la voz de alerta... cómo vamos a perder y dejar inundar esa zona boscosa, en donde además hay 14 quebradas”, comenta.
Al principio Alejandro y alrededor de 60 personas se reunían en una caseta comunal en Río Loro, otra de las poblaciones afectadas. Al comienzo mucha gente defendió el proyecto, pero en la medida en que notaban que lo prometido no aparecía crecieron los inconformes.
Así, se inició la Asociación de afectados por la hidroeléctrica el Quimbo, Asoquimbo, que inició con 60 personas y hoy cuenta con más de 5.000 afiliados entre propietarios de fincas, jornaleros, volqueteros, pescadores, aserradores y tabacaleros. Lo que fue en principio un grupo de propietarios, cuyas tierras serían inundadas y de personas que aprovechan recursos forestales que dejarían de hacerlo y luego un movimiento local de negociación con el Gobierno y con Emgesa, fue conectándose con activistas ambientales de todo el país.
Según Luz Helena Sarmiento, directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en los primeros años del proceso cuando se otorgó la licencia y hasta el 2010 se creó una mesa de concertación liderada por la ¿Mala planeación o comunidades en contra del desarrollo? La construcción de la represa ha generado una movilización comunitaria sin antecedentes en el Huila. Historia de un proceso que del acuerdo pasó a la confrontación. gobernación, las alcaldías y Asoquimbo. “Ahí se concertaron las obras sociales que debían ser atendidas por la empresa. En el acta quedó establecido que el seguimiento lo debían realizar la Gobernación y las alcaldías; pero, en el seguimiento que hicimos vimos un incumplimiento por parte de la empresa y detuvimos las obras. En ese momento vimos que en la vereda de Domingo Arias tenían que haberse reasentado unas familias y no se había dado ese reasentamiento. Por eso luego, cuando la empresa reubicó a las nueve familias de Domingo Arias, se levantó la suspensión de las obras”.
Para ese entonces los movimientos en la zona empezaron a tener mayor auge. De acuerdo con Miller Dussán, uno de los líderes de Asoquimbo, hermano del exsenador Jaime Dussán, “este movimiento ahora trasciende lo local, regional, nacional y se articula al movimiento internacional. Asoquimbo ha logrado estimular y proponer distintos espacios locales a través de asambleas permanentes, debates en los concejos, también en la Asamblea Departamental del Huila. Ya llevamos cuatro debates en el Congreso donde hemos expuesto las afectaciones sociales, económicas, ambientales y culturales del proyecto. En lo internacional, hemos enviado documentos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, también al tribunal de los pueblos en Madrid”.
Según Miguel Rodríguez, “Gigante era la capital cacahuatera del Huila... con el proyecto del Quimbo esto se acaba. En la zona se producen 5.000 toneladas de comida anuales, se generan 40.000 millones de pesos al año y 10.000 empleos directos e indirectos”. Frente a esto varios desconocen cuáles serán los ingresos y empleos que generará el proyecto en la región y las actividades que podrán desarrollar.
PERO, ¿QUÉ DICE EMGESA?
De acuerdo con la empresa, “el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, compensará a más de 3.000 personas entre la población residente y no residente. En el 2009 la compañía hizo un censo socioeconómico con el fin de determinar la población que va a ser compensada”.
Estos censos fueron avalados por los personeros de los municipios. Con base en esto, la compañía ha realizado diversos procesos de acercamiento y negociación con las comunidades.
Ante los movimientos que se han gestado en las comunidades, la empresa comenta que “Asoquimbo está en contra del proyecto, hemos sido respetuosos de esta oposición, pero lo que sí rechazamos categóricamente las vías de hecho promovidas por la misma, como mecanismos de presión para tratar aspectos del proyecto”.
En cuanto a las quejas de los pobladores, quienes comentan que hasta ahora no hay un plan de reasentamiento, la compañía dice que “en la actualidad se tienen firmados acuerdos de reasentamiento colectivo para las comunidades de La Escalereta y Balseadero, donde se han definido y comprado y donde se reasentarán 150 familias… se les ha presentado el equipamiento urbanístico y se ha hecho el sorteo de las parcelas productivas”.
Por otra parte y en cuanto al sostenimiento de cultivos como arroz, maíz y sorgo, dice la empresa que los agricultores del área de influencia del proyecto se han beneficiado con el convenio entre Emgesa y la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria, Coagrohuila y Molinos Flor Huila S.A., las cuales han financiado créditos de $1.069 millones, en donde la última ha destinado recursos por $1.000 millones y Coagrohuila ha reservado $69 millones como oferta crediticia para los agricultores de la zona.
LA SITUACIÓN SE VUELVE UNA BOLA DE NIEVE
En este proceso son muchos los intereses que están en juego y no todos fueron atendidos de manera adecuada en su momento. La situación ha llevado a niveles de polarización social sin antecedentes, en la que se ha fortalecido Asoquimbo y otras asociaciones.
De acuerdo con Luz Helena Sarmiento, “nos ha sorprendido que en las mesas y manifestaciones haya gente del Cauca; se ha vuelto una problemática más regional. También hay presencia de varias ONG; la situación ya no solo se está asociando con el Quimbo, también entre las reivindicaciones están incluyendo el no avance de la industria petrolera.
Uno de los líderes dice que si no les hubieran afectado la producción agrícola, tal vez no se hubieran organizado en asociaciones.
Esto se ha vuelto una bola de nieve que crece”. El gran reto del Gobierno Nacional representado en la Anla, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior es garantizar que los directamente afectados sean los primeros beneficiarios y que se tramite de manera adecuada el resto de necesidades y reivindicaciones. “De nuestra parte tenemos que garantizar que la voz que se escuche sea la de los principalmente afectados, sin que estos se pierdan en los intereses de todo el mundo, porque en río revuelto todo el mundo pesca”, dice Sarmiento.
LO SOCIAL SE DEBIÓ PLANEAR MEJOR
Es claro que en proyectos de esta magnitud desde antes del inicio de actividades las comunidades deberían tener garantizado un mejor nivel de información y participación. “Considero que el manejo social de la empresa y el redireccionamiento puede mejorar, las empresas no se deben limitar a cumplir las normas sino tener actitud abierta. Cuando uno mira el país y Latinoamérica se da cuenta que se debe escuchar a las comunidades, abrir la puerta no es entregar la casa” dice Sarmiento.
Agrega que “el diálogo se debe construir en la pre planeación para luego no tener que apagar incendios. Es importante escuchar al otro, que tanto el campesino como el empresario construyan confianza; eso realmente traerá desarrollo para el país. Que se les cumpla a los afectados y que la empresa pueda hacer un proyecto que le interese a la Nación”.
Mientras tanto en el Quimbo la polarización se hace más fuerte: las asociaciones hablan de seguir defendiendo su permanencia en sus tierras y que estas no sean inundadas con el proyecto hidroeléctrico. Y aunque luego de un paro de 15 días se acordaron siete mesas de negociación entre delegados de Asoquimbo y los gobiernos nacional y departamental, aún falta camino por recorrer para que el proyecto cuente con la voluntad de todos los actores.
