Viernes, 3 Julio 2020

HACE CINCO AÑOS COLOMBIA VIVIÓ UN “FESTÍN MINERO” EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS; HOY SE HABLA DE UNA “MINERÍA SOSTENIBLE”, QUE BUSCA UN MAYOR RESPETO POR LOS PARQUES NATURALES Y LAS ZONAS DE PÁRAMOS. SIN EMBARGO, AÚN NO ES CLARA LA MANERA COMO SE CONTROLARÁN DICHOS TERRITORIOS.

»» Enrique Patiño / Especial para Catorce6

Cinco años atrás el país vivió un “festín minero”, como lo bautizó el exministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, al referirse al disparado otorgamiento de licencias para la exploración y explotación de minerales. No era poca cosa. En los tres gobiernos anteriores al del expresidente Álvaro Uribe la minería no había sido una prioridad, y se habían aprobado 1.889 licencias a lo largo de doce años; en cambio, para 2007 se habían otorgado casi cinco millones de hectáreas y alcanzado las 7.869 licencias de explotación minera, una cifra que continuaría aumentando hasta casi las nueve mil al final de 2010.


La preocupación mayor fue –además de la cantidad de licencias entregadas– el territorio que abarcaban y las condiciones en que se dieron. De 114 millones de hectáreas del territorio colombiano, un total de 45,4 millones fueron concesionadas para la explotación de hidrocarburos (37 millones) y minerales (8,4 millones), mientras que la biodiversidad de Colombia se concentraba en apenas 13 millones de hectáreas, ubicadas en 54 áreas protegidas. Una comparación es valedera: en Perú, un país minero a gran escala, el territorio concesionado alcanza las 27 millones de hectáreas. Colombia, en definitiva, casi duplicó a Perú.

Sumado a lo anterior, las sucesivas tragedias mineras que se presentaron revelaron que para controlar la seguridad de 6.000 minas solo existían 13 empleados. Un hecho elevó la alarma ambiental: el Proyecto Angostura, de la minera canadiense Greystar (hoy Eco-Oro), que proponía la explotación en la zona del páramo de Santurbán, en Santander, a pesar de la prohibición de la minería en páramos dictaminada por el Código de Minas. De las 21 mil hectáreas que conformaban ese ecosistema, al menos 15 mil tenían título de explotación minera. En marzo de 2012 cinco empresas fueron obligadas a detener las exploraciones de oro en la zona por haber hecho perforaciones, y se aseguró que no se les concederán licencias ambientales por estar en una zona protegida.

No obstante, el medio ambiente se vio acorralado ante la presión del mercado y a partir de 2010 el viraje hacia una economía minera cobró mayor fuerza. El aumento en el precio mundial de los metales (la onza troy de oro se cotiza en este momento a 1.600 dólares, un precio histórico ante el miedo deuna nueva crisis global) hizo que el gobierno de Juan Manuel Santos considerara una prioridad económica la minería y la subiera en la “locomotora” de reactivación económica del país. Hay indicios de que el país tiene abundantes existencias de oro y de metales como coltán, hierro, cobre, platino, fosfatos, minerales de potasio, magnesio, uranio, y carbón metalúrgico y térmico. No fue por tanto casualidad que en lareciente cumbre ambiental Río+20, Santos declarara a gran parte de la Orinoquía y de la Amazonía como reservas mineras, y catalogara como áreas estratégicas mineras un total de 17,6 millones de hectáreas, que van del Vichada al Amazonas e incluyen el Chocó, “para garantizar la minería sostenible”.

El anuncio, que se basa en la resolución por vía administrativa 0045 del 20 de junio de 2012, tomada por la recién creada Agencia Nacional de Minería, fue acompañado por el paliativo de doblar el área del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete de 1,5 a 3 millones de hectáreas. El Gobierno Nacional declaró, al cierre de esta edición, que tenía aún 19 mil solicitudes vigentes y que tan solo el 37 por ciento de las actividades mineras en el país cuentan con títulos. Paralelamente, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, aseguró que el Gobierno cobrará multas ejemplares a aquellas empresas que contaminen las fuentes hídricas, ya que las tarifas que se han venido aplicando son irrisorias. De las 72 mil solicitudes de licencias ambientales se han descongestionado cerca de 42 mil gracias al fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que duplicó su personal y corrigió eficiencias de su servicio. Sin embargo, el negocio está por verse qué tan bueno es para el país.

Las regalías que la ley establece para laminería de oro en un 4 por ciento se convierten en un 2 o menos, después de las exenciones tributarias que reciben las empresas productoras.

En lo ambiental, el plan para una “minería sostenible” que propone el Gobierno consiste en delimitar casi el 15 por ciento de la superficie continental de Colombia (un territorio que cuadruplica el porcentaje total de terreno dedicado a la agricultura) para proyectos mineros, y excluye parques nacionales, páramos y humedales, según el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas. Pero tiene la contradicción de que buena parte de los proyectos están en zonas de reserva forestal, resguardos indígenas o comunidades negras, territorios que en su mayoría adolecen hasta hoy de la presencia del Estado, y en los que informes de derechos humanos del PNUD indicanque se dio el 80 por ciento de las violaciones al tema en la última década.

En definitiva, hace cinco años se vivió la explosión en el otorgamiento de licencias, el tema ambiental fue secundario y no se respetaron las zonas protegidas, como denunció el exministro Rodado. Ahora se evidencia un viraje en el lenguaje cuando se habla de una “minería sostenible” y de multas a quien contamine, un respeto mayor a los parques naturales y a las zonas de páramos, aunque no es clara la manera en que se controlarán territorios tan vastos del país ni cómo –ante la pérdida de la minería artesanal, en muchos casos considerada ilegal– se evitarán daños ambientales en procesos mineros.

Tampoco es clara la forma en que se cumplirá la norma que indica que al menos el 17 por ciento de las regalías recibidas por las explotaciones mineras debe ser invertido en la preservación y el mejoramiento ambiental. El gran interrogante es si la “locomotora” minera conseguirá que el oro futuro –el de los recursos naturales– se mine por el oro, el carbón y los metales que tanto valen hoy.

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