Lunes, 15 Octubre 2018
Las autoridades ambientales en zonas de minería ni siquiera vigilan las emisiones de los contaminantes por lo que no se conocen las fuentes, cantidades emitidas, ni zonas afectadas.
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Imágen de referencia, edificio de la Contraloría General. / Foto: Eltiempo.com


El país no cuenta con una política articulada para el control y uso del mercurio, esa fue una de las conclusiones más importantes de la auditoría de cumplimiento adelantada por la delegada para el Medio Ambiente de la Contraloría General.

Como resultado del proceso resultaron 24 hallazgos administrativos de los cuales seis tendrían alcance disciplinario y dos, alcance penal. Además el ente de control advirtió que el Plan Único Nacional de Mercurio no tiene establecido quién estará a cargo de su liderazgo o coordinación.

“Las entidades han venido asumiendo y haciendo lo que consideran deben hacer según sus competencias, situación que afecta el desarrollo de todo el Plan y termina afectando el objetivo final de la Ley 1658 de 2013 que es «proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional”, explica el informe.

Uno de los resultados evidencia, por ejemplo, que las CAR con jurisdicción en zonas de minería aurífera como son Corantioquia, Corpourabá, Cornare, Corponariño y Codechocó, no realizan monitoreo de emisiones de mercurio por lo tanto no cuentan con un inventario de fuentes activas y pasivas de mercurio, tampoco tienen identificadas las zonas afectadas por emisiones y liberaciones de este mineral.

Con relación al registro único de usuarios de mercurio (RUM) que deben adelantar las Corporaciones, se observaron porcentajes de inscripción bajos frente al número de usuarios en cada jurisdicción y la obligación de implementación del RUM por parte de las Corporaciones entró en vigencia desde el 8 de abril de 2016. 
 


El asbesto no tiene control

En Colombia existe una única mina legal de asbesto en el Municipio de Campamento en el departamento de Antioquia, de la cual se extraen en promedio, 2.400 toneladas al año, con reservas probadas de 94.920 toneladas y reservas posibles de 801.500 toneladas, dentro del título minero a cargo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

La Contraloría evaluó la gestión de CORANTIOQUIA con respecto a la mina Las Brisas de Colombia S.A.S y evidenció que “existe un deficiente manejo técnico del proyecto minero de asbesto, tanto en lo minero, como en lo ambiental”.

“Se evidenció inadecuado perfilamiento y mantenimiento de taludes en los botaderos de desechos y colas, cunetas inexistentes, no hay manejo de aguas de escorrentía, sin sedimentadores o trampas de arenas”. 

Pero hay más casos que tienen que ver con la fibra: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la del Valle del Cauca han otorgado permisos de emisiones y vertimientos a Eternit para el procesamiento del asbesto, sin embargo el ente de control halló que la CAR no realizó seguimiento a las obligaciones impuestas en sus informes técnicos. Además, en los soportes del expediente del permiso de emisiones no se incluye ninguna acción de la Corporación (informes técnicos, oficios etc.) que demuestren el ejercicio de control y vigilancia después de 6 años del último informe.

“Además no se cumple con la vigilancia y control a las empresas que cuentan con permisos otorgados, lo que genera un seguimiento parcial por parte de la autoridad ambiental del uso de asbesto, con lo cual se aumenta las probabilidades de que se generen daños a la salud de las personas expuestas, por el mal manejo de este peligroso material”.

La conclusión en esta segunda materia es que aunque en Colombia existe regulación para el uso industrial, no hay normatividad que establezca límites para las emisiones de asbesto, hecho que ha permitido que se propaguen las afectaciones a la salud, no solo de los trabajadores de áreas de explotación o procesamiento, sino también de habitantes de los alrededores de esas zonas.
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