Proyecto de Ley de Consulta Previa espera ser consultado con las Comunidades étnicas del País.
Carlos Alberto Barreiro Luna
Abogado – Dirección de Consulta Previa. Mininterior
Es evidente que la realización de proyectos, obras o actividades ha encontrado en las consultas previas dificultades con serias consecuencias en la viabilidad de los proyectos y en diferentes esferas de la economía. La falta de una Ley que regule este Derecho Fundamental se ha convertido en uno de los más grandes desafíos que el Estado Colombiano debe asumir con extremada urgencia.
Y es que el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa, para decidir sobre los proyectos que los afecten, se ha desnaturalizado y desbordado, hasta convertirse en la piedra en el zapato del progreso de importantes regiones de nuestro país. Claro está que también las propias comunidades se están afectando, pues en ocasiones resultan manipuladas por malos asesores que, prometiéndoles la loca idea de obtener mucho dinero, solicitan asesorarlas en sus procesos consultivos, las convencen de entablar acciones de tutelas y logran ponerlas en contra de los ejecutores y del Estado.
El Gobierno que apenas comienza se encuentra con el trámite de un proyecto de ley presentado sometido a consideración del congreso en 2017 que establece un procedimiento administrativo especial del proceso de consulta previa y propone reglas claras para las comunidades étnicas, pero también para los dueños de proyectos, obras o actividades, ofreciendo garantías para ambos.
El proyecto de 2017 establece la creación de la Unidad de Consulta Previa - UCP, como una dependencia interna del Ministerio del Interior con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y financiada mediante tasas que pagarán los interesados en los proyectos. Con la creación de la UCP, el Gobierno espera regular los procesos consultivos y evitar así lo que muchos ejecutores han denominado el “estancamiento” de sus proyectos, principalmente en los sectores minero, energético, eléctrico, petrolero y de infraestructura (vías de 4G).
La unidad de Consulta Previa- UCP tendrá entre otras funciones ordenar la suspensión de los proyectos, obras y actividades cuyo desarrollo ponga en riesgo la supervivencia o la integridad étnica de la comunidad. También podrá tomar decisiones en aras de solucionar conflictos internos de representación en las Comunidades.
Se regularán los tiempos de la consulta previa, pues el Proyecto de Ley, establece un plazo para protocolizar la consulta previa. “Si pasados 2 meses desde la primera reunión convocada durante la etapa de Preconsulta o definición de la ruta metodológica las partes no llegan a un acuerdo en torno al plazo para protocolizar la consulta, ésta debe protocolizarse dentro del término que establezca la UCP mediante acto motivado”. Este, “no podrá superar los 6 meses después de que se realice la primera reunión en la etapa de Preconsulta o definición de la ruta metodológica”. “En casos excepcionales, la UCP podrá prorrogar el plazo para el desarrollo del proceso hasta por 3 meses, cuando las comunidades consultadas y/o los interesados lo soliciten”, así lo establece el proyecto.
Con el Proyecto de Ley se contempla la creación del Registro Único Nacional de Etnias (Rune), una plataforma de información sistematizada, con información que las diferentes entidades del Estado tienen sobre las comunidades. De cada una de ellas el registro permite contar con la ubicación cartográfica y la de su territorio étnico, la autoridad representativa para cada una de ellas y la definición de área de influencia directa. Por último, solo se admitirá que las comunidades reciban asesoría profesional de las universidades o institutos de investigación acreditados.
Pero el Gobierno Duque, no la tiene fácil, debe promover la integración del debate con un nuevo proyecto presentado por Cambio Radical y además realizar la consulta sobre el Proyecto de Ley. Esto quiere decir que el mismo debe pasar entonces por la aprobación del Espacio Nacional de Comunidades Afrocolombianas, la Mesa Permanente de Concertación Indígena y los pueblos Rom, y todas las comunidades en Colombia.
Este sin duda, será el gran reto del nuevo Gobierno en cabeza del Presidente Duque.
