Jueves, 23 Noviembre 2017
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Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 

En los seis primeros meses de este 2017 se completarán tres consultas populares contra proyectos relacionados con la política minero energética del país. La primera ya sucedió en el municipio de Cabrera localizado en la cuenca alta del río Sumapaz, contra la construcción de embalses para la generación de energía. La segunda ya votada en contra de la gran mina de La Colosa de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, en las estribaciones de la cordillera central. Y la tercera convocada para junio contra los proyectos de hidrocarburos en Cumaral, en el departamento llanero del Meta.

En todos los casos el Gobierno Nacional, que es el rector de la política ambiental y la política energética, ha actuado sin coherencia ni claridad, enredándose en explicaciones procedimentales dependiendo del funcionario que responda a los medios. El Ministro de Minas habla de los riesgos de actividades ilegales si no se permiten las legales, el de Ambiente de la necesidad de cumplir con lo establecido para las licencias, Mininterior de si se surtieron los procedimientos de participación y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de los riesgos de las demandas por la inseguridad jurídica que podrían interponer las empresas. Ha faltado quien se ponga al frente con un planteamiento estratégico sólido que integre todas las variables y principalmente las ambientales y las económicas. Ese planteamiento sólido que se espera del Gobierno, sólo puede motivarlo un Presidente decidido a alinear a sus ministros en torno a la idea que tenga de desarrollo y sostenibilidad.

Ese mismo liderazgo debería servir para que en las zonas donde hay preocupación ciudadana y movimientos sociales reclamando atención, sea el mismo Gobierno con las instituciones que tienen la información, los que absuelvan las dudas de la gente y se siente con ella más las empresas a encontrar soluciones tal y como lo insinuó el Ministro Luis Gilberto Murillo. Porque si es importante que las comunidades tomen decisiones informadas y no emocionales como muchas veces sucede en los procesos electorales. También es fundamental que las empresas vean a las comunidades no sólo fuente de fuerza laboral o demandantes de ayuda económica: las comunidades cada vez están más decididas a ser protagonistas de su futuro y el de su entorno y las empresas deberían proponerse como aliadas de esa construcción de futuro. Pero la responsabilidad principal es la del Gobierno que debe anticiparse, dirigir y articular... y no pasar de agache como ha sucedido en los tres casos y en otros más en los años anteriores.

Por supuesto que se requiere una discusión más profunda, informada y realista acerca de los ejes del desarrollo que queremos para el país, donde la variable ambiental no se piense al final como requisito formal de trámite. Esta discusión si debe ser nacional y con todos los sectores y sus resultados deben ser las políticas públicas para el desarrollo sostenible del que habla la Constitución. Para que sepamos todos a qué atenernos y actuar en consecuencia.

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