La discusión sobre la conveniencia del proyecto hotelero Los Ciruelos en el Parque Nacional Natural Tayrona ha llevado intrínseco otro debate acerca de la revocabilidad de las licencias ambientales. El proyecto hotelero cuenta con una licencia otorgada en 2009, que está siendo objeto de revisión por parte de la autoridad que la otorgó, lo que ha llevado a diferentes actores a pensar que en el caso del Tayrona se podría sentar un mal precedente si se reversa parcial o totalmente lo licenciado en 2009.
Existe la tendencia en algunos promotores de proyectos a creer que la licencia ambiental es un derecho adquirido y que nadie puede contrariarlo. Coincide esa tendencia con otra que entiende la exigencia de licencia ambiental como un incómodo requisito formal y a veces como un obstáculo para el desarrollo de iniciativas empresariales, por lo que terminan aproximándose a esa obligación con desdén. Esas posturas en muchas ocasiones derivan en estudios ambientales con muy poco rigor técnico que pueden o no pasar el filtro de los evaluadores en las autoridades ambientales, pero que una vez confrontados con la realidad ambiental en campo muchas veces indignan a una población cada vez más informada. Esto en últimas lacera profundamente la necesidad del ordenamiento y conservación de los recursos naturales.
Como lo ha dicho la Corte Constitucional desde 1995 (sentencia C-328), la razón de ser de las licencias ambientales es la protección de los derechos individuales y colectivos mediante el ejercicio oportuno del control estatal. Según la Corte, la licencia otorga a su titular el derecho a realizar una obra o actividad con efectos sobre el ambiente, pero su revocatoria puede darse cuando la autoridad considere y demuestre que no se están cumpliendo las condiciones o las exigencias plasmadas en el acto administrativo de su expedición. Esas condiciones, por supuesto, están ligadas a la conservación de los ecosistemas y a la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los impactos ambientales que la actividad produzca.
Por eso, la mejor manera de hacer perdurable una licencia ambiental es actuar con responsabilidad, rigor técnico y transparencia desde el momento en que se están evaluando las verdaderas afectaciones que la obra o actividad tiene sobre los recursos naturales. Esa postura obliga a un diálogo responsable de los representantes empresariales y sus asesores ambientales con las autoridades a cargo, con las comunidades vecinas y con una academia y medios de comunicación que cada vez están más pendientes de lo que pueda pasar con la riqueza natural que nos circunda.
Si todos asumimos como guía los mandatos constitucionales que hablan del desarrollo sostenible y de la función ecológica de la propiedad, podemos imaginar muchas maneras de aproximar el desarrollo empresarial con la conservación natural. El proceso de construcción de las licencias ambientales y sus componentes técnicos, sociales, institucionales constituyen así escenarios idóneos para que tales mandatos se expresen en realidades vivas.
